Desde el pasado 15 de octubre, la Ley 18/2014, prohíbe expresamente que las empresas apliquen un recargo al consumidor por pagar con tarjeta de crédito o débito. Además, en 2008, un reglamento europeo estableció que el precio que exhiben las compañías aéreas por sus vuelos debe ser final, incluidos recargos, gastos de gestión, etc. Estas dos obligaciones siguen incumpliéndose en algunos casos, por lo que el consumidor puede reclamarlo.
En el comercio electrónico, sobre todo en páginas de venta de billetes de avión y de aparatos electrónicos, sucede a veces que el consumidor, al ir a abonar el precio que le parece adecuado por su producto, se encuentra con un recargo extra por el pago con tarjeta, que puede llegar a ascender a 10€ o más. La Ley 18/2014 declaró ilícitas esas comisiones y redujo, además, el cargo que los proveedores de servicio cobran a los establecimientos por cada operación, justificando que únicamente este cargo podría trasladarse al consumidor final (máximo 7 céntimos).
Por otro lado, el Reglamento 1008/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de septiembre de 2008 sobre normas comunes para la explotación de servicios aéreos, marcó la obligación para las compañías aéreas de facilitar al cliente en sus ofertas, el precio total del billete, incluidas tasas, gastos de gestión y otros recargos. En cuanto a conceptos como seguros opcionales o penalización por sobrepeso, no están obligadas a incluirlos en el precio inicial que ofertan, pero sí a informar claramente de la posibilidad de contratarlo (en el caso de los seguros) y de cuál sería el importe de esos conceptos.
Si el consumidor se encuentra con alguno de estos incumplimientos, puede reclamarlo. Lo aconsejable es dirigirse primero a la empresa y solicitar el reembolso de esos cargos. En el caso de que no atienda la queja o la respuesta no sea satisfactoria, hay que reclamar ante la Dirección General de Consumo o cualquier otro organismo de consumo.
