Así lo ha anunciado Aguado en declaraciones en RNE, donde ha explicado que se trata de una medida -recogida en el acuerdo de Gobierno de PP y Cs- que «supondrá un antes y un después». Este nuevo departamento investigará las denuncias que hagan los funcionarios o trabajadores públicos que sospechen de prácticas irregulares dentro de la administración, y que en muchos casos, hasta ahora, «no se atreven a denunciar».
Será, ha insistido, un canal «seguro», de manera que el denunciante esté protegido, y a partir de la denuncia, si el departamento considera que hay indicios de alguna irregularidad, se pondría en marcha un mecanismo de verificación y de inspección; y si se revelan motivos suficientes, la oficina determinará que más pasos hay que dar.
Ignacio Aguado ha confiado en que, además de Cs y PP, el resto de grupos de la Asamblea den su apoyo al proyecto, porque se trata de una figura que «existe en la inmensa mayoría de los países de la OCDE» y si hubiera existido en Madrid hace diez o quince años «se habrían evitado casos como Púnica, Gürtel o Lezo». El texto del proyecto de ley se publica hoy en el Portal de Transparencia de la Comunidad de Madrid, y a partir de ahí comienza una tramitación «larga», pero que espera que cuente con el respaldo de la mayoría de grupos en la Cámara.
«La presidenta (Isabel Díaz Ayuso) y yo estamos decididos a que este Gobierno sea un aliado de la transparencia, la regeneración y la eliminación de privilegios», ha justificado el vicepresidente, que ha recordado que hace solo 15 días se inició la tramitación de la ley para eliminar aforamientos. Porque «más allá de ser intolerantes en el discurso, hay que cambiar la normativa, los protocolos dentro de la administración», ha afirmado.
