El juicio se celebra con jurado desde el lunes pasado en la Audiencia Provincial de Madrid y se sientan en el banquillo el exdirector general de Seguridad de la Comunidad de Madrid Sergio Gamón, el exsubdirector Miguel Castaño, tres guardias civiles y un técnico de la administración regional.
Los acusados se enfrentan a peticiones de la acusación ejercida por el PSOE de entre dos y cuatro años de prisión, así como a diversas multas solicitadas por la Comunidad de Madrid por delito de malversación de caudales públicos, ya que la Fiscalía no acusa en este procedimiento. En concreto se les imputa el espionaje entre marzo y mayo de 2008 de políticos del PP como el exvicepresidente segundo de la Comunidad de Madrid Alfredo Prada y el exvicealcalde de Madrid Manuel Cobo.
En la última sesión de la vista, el viernes pasado, declaró como testigo el entonces consejero de Presidencia e Interior, Francisco Granados -actualmente investigado en el caso de corrupción Púnica-, que ha declarado que una investigación interna de la Comunidad de Madrid descartó que se hubieran realizado en 2008 tales seguimientos. Francisco Granados aseguró que se enteró de este caso a raíz de que el diario El País publicara que «guardias civiles y policías nacionales a las órdenes de Aguirre espiaban a cargos del partido».
«Era un bombazo informativo y político por lo que hablé con Esperanza Aguirre y llegamos al acuerdo de montar una investigación interna» de la que se hizo cargo la Secretaría General Técnica de la Consejería de Presidencia e Interior, añadió. Granados recalcó que «se hicieron muchas pesquisas y todas fueron negativas pues no se recabó ningún dato que llevara a pensar que era verdad» ese supuesto espionaje, y recordó que a la misma conclusión llegó la comisión de investigación de la Asamblea de Madrid.
Por otra parte, aseguró que es falso lo manifestado en el juicio por dos de los tres guardias civiles acusados de que le denunciaron que habían recibido órdenes ilegales de Sergio Gamón para realizar esos seguimientos. El mismo día que Granados testificó también Alfredo Prada, que comentó que desconoce quiénes ordenaron el espionaje que sufrió en 2008 pero aseguró: «El daño personal y familiar que he sufrido es enorme».
Preguntado Prada por su relación con el entonces vicepresidente primero de la Comunidad de Madrid, Ignacio González -actualmente investigado en otro caso de corrupción, el denominado Lezo-, ha manifestado que era de tipo profesional como integrantes del Gobierno regional. Uno de los guardias civiles acusados en este caso había declarado en el juicio que, «por especial interés» de Ignacio González, recibieron en 2008 «órdenes ilegales» de realizar «seguimientos» a políticos del PP como la exdelegada del Gobierno y expresidenta de la Comunidad de Madrid Cristina Cifuentes, Alfredo Prada y Manuel Cobo.
