En un recurso fechado el pasado 23 de septiembre, al que ha tenido acceso Efe, Álvarez Conde pide a la magistrada Carmen Rodríguez-Medel que solicite a la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid (URJC) «una certificación y un listado completo en que se detallen individualizadamente el nombre, apellidos, DNI y cargo de todas y cada una de las personas» que accediesen a sus despachos.
Lo hace «a la vista de las manifestaciones» de su sustituto al frente del extinguido Instituto, el profesor Pablo Acosta, acerca de «la supuesta desaparición de numerosa documentación» del centro y del presunto borrado de 5.400 correos electrónicos recibidos o enviados entre 2008 y 2014, periodo que incluye los másteres cursados por Cristina Cifuentes, Pablo Casado y Carmen Montón.
Acosta denunció esta información ante la Policía el pasado mes de junio y aunque no supo delimitar la fecha en la que estos correos fueron presuntamente borrados, indicó que le resultó «sospechoso», según consta en el sumario de la causa que instruye otro juzgado de Madrid sobre la supuesta malversación de fondos del Instituto por parte de Álvarez Conde.
Por ello, el exdirector del Instituto de Derecho Público (IDP), epicentro de las irregularidades del caso máster, quiere saber quién ha accedido a su despacho de la Universidad y a otros cuatro asignados al IDP del campus de Vicálvaro (Madrid), desde el 4 de abril hasta el 23 de septiembre. Obtener esta información, según el catedrático, «es posible y muy fácil, ya que el acceso a dichos despachos se efectúa con llaves o tarjetas electrónicas y ello permite dejar constancia de la identidad de la persona a la que corresponda la llave o tarjeta con la que se haya realizado».
En su recurso, Álvarez Conde también solicita a la juez que cite a declarar como testigo al consejero madrileño de Educación e Investigación, Rafael Van Grieken, al haber tenido éste «responsabilidades sobre el Instituto» desde 2002 hasta 2012, cuando fue vicerrector de Investigación de la URJC. El catedrático cree que a Van Grieken «le competía estar pendiente, bajo la dirección del rector, de la actividad de los institutos universitarios» y además desde el 2015 hasta ahora es «el máximo responsable de la URJC por su condición de consejero de Educación».
Entre la batería de diligencias solicitada también está el listado de llamadas del pasado 21 de marzo -día en el que estalló el escándalo de las supuestas irregularidades del máster de Cifuentes- de varios teléfonos utilizados por él mismo, por la exasesora del Gobierno madrileño María Teresa Feito y la presidenta del tribunal que evaluó el trabajo final de la expresidenta madrileña, Alicia López de los Mozos. También pide un nuevo informe pericial sobre las firmas de seis actas de trabajos de fin de máster (TFM) de compañeros de promoción de la expresidenta regional al sostener que las rúbricas que se le atribuyen no son realmente suyas.
