La Fiscalía Anticorrupción pide una pena de siete años de cárcel por malversación a los exconsejeros del Gobierno de Alberto Ruiz-Gallardón: Juan Bravo y Pedro Calvo, por su responsabilidad en la adquisición supuestamente irregular en 2001 de la colombiana Inassa por parte del Canal de Isabel II.
En su escrito de acusación por esta pieza del caso Lezo, la Fiscalía pide penas de entre 6 y 7 años de prisión para 22 personas, entre ellas el expresidente de la Cámara de Cuentas madrileña Arturo Canalda, a quien solicita 7 años, y varios exconsejeros del Canal, que se enfrentan a la petición más baja, de seis años.
Otros de los acusados por la Fiscalía son el ex director económico y de desarrollo comercial del Canal José Antonio de Cachavera (7 años) y el exdirector de Nuevos Negocios del Canal Pablo López de las Heras (7 años).
