La Fiscalía Anticorrupción prevé solicitar la imputación del portavoz del PP en la Asamblea de Madrid, Enrique Ossorio, en el marco de Lezo, pieza que instruye el juez Manuel García Castellón -quien también lleva el caso Púnica- y que investiga la compra de la sociedad brasileña Emissao y la compañía colombiana Inassa por parte del Canal de isabel II, una operación que supuso, según la Justicia, un desfalco de 25 millones de euros. Ossorio ejerció como consejero de la empresa pública entre 2012 y 2015, intervalo de tiempo en el que se produjo la adquisición de la Emissao -en 2013- en una transacción supuestamente fraudulenta.
El actual portavoz del PP en el parlamento madrileño también ejercía durante ese periodo como consejero de Economía y Hacienda en el Ejecutivo de Ignacio González, investigado en la misma causa. El nombre de Ossorio figura en un informa de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, en el que se solicitaba el “acceso y volcado de cuentas de correo electrónico corporativo con dominios de las empresas del grupo CYII y grupo Inassa, así como los documentos electrónicos alojados en servidores de los siguientes usuarios”. En este sentido, el representante de la formación conservadora asegura que nunca tuvo conocimiento de que tuvieron un correo del Canal.
Asimismo, el portavoz popular, en declaraciones a Ok Diario, aclara que el único conocimiento que tuvo sobre la adquisición de las empresas iberoamericanas “fue a través de las cuentas del Canal y los comentarios que sobre ellas se hicieron en el Consejo de Administración”, órgano, que según el propio Ossorio, estaba excluido “de las decisiones” de la compra de las compañías de los países latinos.
Al margen de la mención a Ossorio en el informe de la UCO, éste no aparece reflejado en ninguna otra declaración en los cerca de 30.000 folios que componen las pesquisas. Sin embargo, el ministerio Público prevé su imputación en la causa y la fiscal sopesa si posponer dicho requerimiento hasta la fase final de la instrucción. Y es que la condición de aforado del diputado regional obligaría a que la pieza fuese trasladada de la Audiencia Nacional al Tribunal Superior de Justicia de Madrid, órgano al que compete juzgar a las personas con dicha condición.
