La Brigada de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) y la Fiscalía Anticorrupción han organizado esta intervención en la que se prevén alrededor de 60 detenciones y otros tantos registros en los que se investiga posibles amaños en la contratación de servicios para la regulación del tráfico.
En concreto, las pesquisas se están centrando en las concesiones de las multas y sistemas de semáforos. Se investigan posibles delitos de cohecho, tráfico de influencias, prevaricación, negociaciones prohibidas a funcionarios, revelación de secretos oficiales, malversación de caudales públicos, delitos contra la hacienda pública, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal.
Se trata de la operación ‘Enredadera’ que investiga el juzgado de instrucción número 2 de Badalona (Barcelona) que ha declarado secretas las actuaciones, según las mismas fuentes. Éstas señalan que los principales focos donde se está actuando son administraciones locales de Madrid, Cataluña y León, participando en dicha actuación 600 agentes. En la región central, por el momento, se ha intervenido en los consistorios de Fuenlabrada -gobernado por el PSOE-, Navalcarnero -también de gestionado por los socialistas- y en Arroyomolinos -donde gobierna Ciudadanos en coalición con otras fuerzas-.
En el centro de la operación se encuentra la empresa Aplicaciones Gespol SL, una filial del grupo Sacyr con sede en Barcelona que fue constituida en octubre de 2016 y que está especializada en aplicaciones para controlar el tráfico rodado.
Fuentes policiales han informado a Efe del arresto del empresario leonés José Luis Ulibarri, relacionado con la trama Gürtel, y de Sadat Maraña, asesor de Ciudadanos en la Diputación de León. Se han producido más arrestos, entre ellos de alcaldes, concejales y policías locales, y se espera que el número de detenciones alcance las sesenta.
El juzgado ha ordenado la entrada y registro en diversos ayuntamientos, sedes de empresas y domicilios particulares de toda España para completar la investigación sobre la empresa Aplicaciones Gespol SL (integrada actualmente en el grupo Valoriza Servicios Medioambientales). Esa empresa habría obtenido la adjudicación de diversos contratos administrativos vinculados principalmente a la gestión policial en el ámbito local.
Según Anticorrupción, los hechos investigados podrían constituir delitos de prevaricación administrativa, fraude a la administración pública, revelación de información privilegiada, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, cohecho, falsedad documental por funcionario público y por particular, alteración del precio de concurso público y pertenencia a organización criminal.
En concreto, el juzgado ha autorizado la práctica de entradas y registros en ayuntamientos de capitales de provincia como Huesca, Lleida, Oviedo, León, Palencia o Teruel.
También registrará la Policía los ayuntamientos de Alcobendas, Arroyomolinos, Fuenlabrada, Majadahonda, Villanueva de la Cañada, Pinto, Parla y Torrelodones (Madrid); Tiana y Mollet del Vallés (Barcelona); Plasencia (Cáceres); Illescas (Toledo); San Andrés del Rabanedo y Villaquilambre (León) y Vélez Málaga. Además, por orden del juzgado, la Policía requerirá documentación a Diputación de Alicante y a los ayuntamientos de capitales como Vitoria o Logroño.
También lo hará en municipios como Mataró, Montgat, Pineda del Mar, Premiá de Mar y Rubí (Barcelona); Aldea del Fresno, Brunete, El Escorial, Galapagar, Manzanares el Real y Valdemorillo (Madrid), La Cistérniga (Valladolid), El Puig y Gandía (Valencia), O’Grove (Pontevedra) y Sant Vicent del Rapeig (Alicante).
El dispositivo, en el que participan 580 policías, investiga posibles amaños en la gestión de las multas y la regulación del tráfico con semáforos.
