(EFE). Un día antes de que comparezca el propio Ruiz-Gallardón, Cobo deberá responder sobre esta operación de expansión del Canal en Iberoamérica, investigada por el juez Manuel García Castellón por la «sobrevaloración claramente perjudicial» que pudo existir en la compra de la empresa colombiana.
Según el magistrado, la adquisición de Inassa por 73 millones de euros se realizó a través de una «compleja estructura societaria» que contravino «de plano» los acuerdos del Consejo de Administración del Canal y de la Comunidad. Ya compareció ayer ante García Castellón otro exconsejero de Gallardón, Carlos Mayor Oreja, que atribuyó a su antecesor Agapito Ramos -que ostentó el cargo durante el Gobierno de Joaquín Leguina- la idea de expandir el Canal a Iberoamérica.
Mayor Oreja, que fue presidente del Canal de Isabel II, se desvinculó de los aspectos técnicos de la compra, si bien aseguró que todo se hizo de forma correcta y dentro de la legalidad.
La operación salió adelante con la firma del propio Gallardón el 29 de noviembre de 2001, cuando la operativa fue aprobada por el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, pese a tener un dossier desaconsejando la compra a través de una sociedad panameña.
