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La Asamblea rechaza una iniciativa de Podemos de crear una agencia contra el fraude

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PP y Ciudadanos han votado en contra y PSOE-M se ha abstenido en la votación de esta iniciativa, que busca prevenir los casos de desvío de fondos por parte de personas que estén al servicio de entidades públicas, mediante la creación de una agencia independiente.

Esta iniciativa es similar a la proposición de ley que presentó en 2016 Ciudadanos para proteger a los denunciantes de casos de corrupción, a la que PSOE-M y Podemos presentaron cada uno de ellos una enmienda a la totalidad con texto alternativo. Los socialistas pudieron sacar adelante en febrero de este año su texto con el apoyo del PP para tumbar la propuesta de Ciudadanos, que contemplaba la creación de una figura de un defensor que proteja la confidencialidad del denunciante y les dé asistencia jurídica.

El diputado de Podemos Miguel Ongil ha defendido la presentación de esta propuesta para intentar zanjar el «problema endémico y sistemático» de la corrupción en la Comunidad de Madrid, fruto de «23 años de gobiernos del PP». «No queda Consejería donde no haya entrado la UCO», ha dicho el parlamentario.

Ongil ha señalado que los procedimientos de contratación en la Comunidad de Madrid «son pasto» de las conductas irregulares, y ha citado que la sentencia de Gürtel refleja que solo en la región hubo 625 contratos por valor de 6,5 millones de euros «robados a los madrileños a través de contrataciones menores y fraccionamientos de contratos».

Sobre los denunciantes, Ongil ha recalcado que los denunciantes «son los primeros que acaban pagando las consecuencias», por lo que han presentado esta iniciativa para crear una agencia similar a la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude, la Comunidad Valenciana y Baleares, o las ciudades de Madrid y Barcelona.

Para contar con los apoyos de PSOE y Ciudadanos, Podemos ha traído a la Asamblea el texto de la proposición de ley que ambas formaciones apoyaron en la Comunidad Valenciana, una propuesta que facilite el trabajo de las comisiones de investigación, que inspeccione las administraciones públicas y alerte de las conductas corruptas.

«Podemos no tiene ninguna credencial para sacar pecho en regeneración porque nunca trae más transparencia y mejor democracia el sectarismo y las decisiones arbitrarias por motivos ideológicos», ha señalado la diputada de Ciudadanos Dolores González. González Pastor ha explicado que en el Parlamento madrileño ya está en tramitación el texto socialista de esta ley, que, a su juicio, «deja desprotegidos a los denunciantes y se queda en observatorio de mero adorno».

En su opinión, esta ley de Podemos es «un refrito» de la ley valenciana, que comete «errores graves» como «adscribir a la Asamblea de Madrid», ya que solo puede formar parte de la administración pero no del legislativo. «Su sectarismo bien representado por su portavoz, que se ha lucido como observadora independiente nunca les van a poner al frente de ninguna regeneración porque no la representan», ha comentado.

Desde el PSOE-M han mostrado su sorpresa por el registro de esta proposición por parte de Podemos, quienes han abogado por un consenso en la elaboración de esta iniciativa, por lo que les parece «una manera peculiar de llegar a acuerdos», ha dicho su diputado Diego Cruz.

Para el parlamentario la corrupción «ultraja la legitimidad social y aminora la confianza de la ciudadanía», por lo que es necesario combatirla, pero sin un cambio de cultura el debate «se queda cojo». Cruz ha argumentado que han presentado 66 enmiendas a su propia iniciativa para incluir aspectos aportados por el resto de grupos parlamentarios, y ha añadido que «no es una cuestión partidista sino de todos».

Por su parte, el diputado del PP Alfonso Serrano ha reprochado a Podemos que vuelva a traer a la Cámara regional una iniciativa «para debatir en el fango en el Podemos se encuentra cómodo», al tiempo que ha afeado a la formación que utilice el estilo «rincón del vago» de copiar y pegar una ley de la Comunidad Valenciana.

Para Serrano la agencia que plantea Podemos no tiene definidas sus competencias, pero le preocupan más otras cuestiones, como las potestades que tendrán las persones que en ella trabajen, que tendrán «más atribuciones» que la Fiscalía, la Policía, la magistratura o la Guardia Civil, ha apostillado. 

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