Con independencia del impacto que podría haber repercutido sobre el sector bancario, Hacienda cifraba en esa cuantía millonaria el desembolso al que tendrían que haber hecho frente las Administraciones autonómicas, en un escenario de retroactividad fiscal que finalmente no ha sido reconocida por el alto tribunal.
Después de dos días de deliberación y tras más de 15 horas, el pleno de la Sala de lo Contencioso-Administrativo ha decidido, por 15 votos a favor y 13 en contra, revocar la doctrina conocida el pasado 18 de octubre y cargar al hipotecado con el pago del tributo, como sucede desde 1995, desde la entrada en vigor del real decreto.
Se mejora así el desenlace previsto por las propias entidades, las cuales aunque lamentaban el «giro radical» del Supremo, se comprometían a respetar cualquier veredicto final, y confiaban en que el abono de la tasa comenzara a ser efectivo únicamente a partir de la fecha de la sentencia.
Los máximos responsables de la banca nacional adelantaban así que el fallo no obligaría a hacer dotaciones extraordinarias sino únicamente ajustes en su oferta comercial. Es el caso de CaixaBank, cuyo consejero delegado, Gonzalo Gortázar, descartó aumentar sus provisiones a cuenta de beneficios, y aseguró que, de imponerles finalmente este impuesto, adaptarían su práctica en el mercado hipotecario, aunque «quien no ha hecho algo mal no debe ser penalizado por ello».
También Bankia, que no contemplaba «un escenario diferente» al perfilado en los últimos años por el Supremo, y el Banco Sabadell, que argumentaba que no tendría «ningún sentido» aplicar la retroactividad al impuesto de las hipotecas.
De este modo, la banca, que continuará abonando otros costes menores del proceso de formalización, quedará exento de hacerse cargo de un gravamen que representa el 70 % de los gastos de constitución.
