La cifra de personas fallecidas en residencias asciende a más de 7.000, lo que ha motivado una querella de familiares y empleados de estos centros contra Díaz Ayuso
Familiares de personas mayores en residencias, agrupadas en la Marea de Residencias, han presentado este lunes una querella criminal colectiva en los Juzgados de Plaza de Castilla contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso; el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero; y 10 directores de residencias donde se han registrado fallecidos o usuarios mal atendidos durante esta pandemia.
En las próximas semanas se presentarán otras dos querellas colectivas en diferentes juzgados de la Comunidad de Madrid. Éstas corresponden a familiares y trabajadoras de residencias de municipios del resto de la región. Los querellados son los directores de DomusVi-Mirasierra, Aralia-Ensanche de Vallecas, DomusVi-Usera, Aralia-Isabel La Católica, Ballesol Pasillo Verde, Ballesol Mirasierra, Gran Residencia, Centro Integrado Municipal, Margarita Retuerto, Manoteras y Amavir-Ciudad Líneal.
En el escrito se pide que se investigue a la presidenta de la Comunidad de Madrid, el consejero de Sanidad y los directores de las residencias citadas por los presuntos delitos de homicidio imprudente, trato vejatorio, prevaricación y denegación de auxilio.
Respecto a la responsabilidad penal de la presidenta regional, la querella sostiene que la crisis provocada por el COVID-19 ha terminado convirtiéndose en una pandemia. Igualmente, el texto relata que el virus tuvo sus primeras manifestaciones a mediados de febrero en España; «aunque ya había conocimiento del mismo por los casos que se habían producido fundamentalmente en China y en Italia entre otros países». En este sentido, la querella sostiene que la pandemia «no fue abordada por la Comunidad de Madrid».
Las dramáticas cifras
«En la Comunidad de Madrid existen 475 residencias con unos 50.000 residentes, de las cuales solo 25 son totalmente públicas; el resto son o privadas totalmente o concertadas, pero con propietarios de las mismas privados que a veces pertenecen a fondos de inversión opacos», añade la querella. En la región, los fallecidos en residencias al momento de redactar esta querella a principios de mayo ascienden a 7.092: 5.688 por coronavirus, que representan casi el 50% de los fallecidos en residencias en todo el país. Cifra muy alarmante teniendo en cuenta, por ejemplo, que en toda Francia en residencias de mayores han fallecido 7.000 ancianos; y en Italia 7.200 en total.
El 26 de marzo se publica por el consejero de Políticas Sociales, Alberto Reyero, los datos desagregados de todas las residencias. En dichos datos los porcentajes de fallecidos en residencias totalmente públicas es de 1,63%; y las residencias privadas un 2,18%. En las trece residencias privadas intervenidas los fallecidos superan el 10% del total de fallecidos en dichos complejos.
La Marea de Residencias está formada por un colectivo de residentes, trabajadores, familiares; «personas, que por encima de cualquier posible vinculación partidista o asociativa, se unen para reflexionar, visibilizar y luchar contra los acuciantes problemas que todos los días ocurren en las residencias de mayores, de diversidad funcional y en el trabajo de la atención domiciliaria, debido en primer lugar a que nunca debió permitirse el negocio a costa de los más vulnerables».
