El Gobierno ha prorrogado hasta 2019 el Fondo Social de Viviendas (FSV), un parque de viviendas de entorno a 9.900 pisos propiedad de los bancos y que han sido destinados a familias en situación de vulnerabilidad económica y riesgo de exclusión mediante régimen de alquiler social. Sin embargo, según las cifras que aportan las entidades financieras adheridas al programa, existe entre un 25 y un 40% de morosidad en el pago de dichos alquileres.
En concreto, pueden solicitar un alquiler social aquellas personas que hayan sido desalojadas de su vivienda habitual por impago, ingrese menos de 1.613 euros al mes, no tenga otra vivienda y esté en situación de vulnerabilidad por condiciones como estar en paro y haber agotado las prestaciones por desempleo, ser familia numerosa, dependiente o víctima de violencia de género, entre otros supuestos.
Un diario de tirada nacional se ha hecho eco de las declaraciones de los responsables de alguno de los bancos adscritos al FSV -más de una decena de entidades-, “muchos de estos alquileres se hacen casi a fondo pérdido”, señalan las fuentes consultadas. Si bien el convenio entre Gobierno y las firmas financieras establece unas cuantías mensuales de entre 150 y 400 euros, con un límite máximo del 30% de los ingresos netos de la unidad familiar, se da el caso de que muchas familias tienen a todos sus miembros en situación de desempleo.
