En un informe aprobado por el Consejo de la Cámara de Cuentas el pasado 29 de mayo este órgano fiscaliza una muestra de 993 contratos menores de los 569.903 remitidos por la Comunidad de Madrid. La Comunidad de Madrid adjudica por esta vía de la mayoría de sus contratos -99,4%- estos suponen solo el 44% de su gasto, aunque según la Cámara de Cuentas «no es posible conocer con precisión el alcance de la contratación menor» porque se han incluido «contratos duplicados» en la relación de los que se le han enviado.
Este organismo asegura que durante el Gobierno de Cristina Cifuentes se fraccionaron contratos, lo que supone una actuación en fraude de ley, en la Agencia Madrileña de Atención Social y en las consejerías de Cultura, Turismo y Deportes, Educación, Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno y «de forma generalizada» en los hospitales. «En numerosas ocasiones», asegura este organismo de fiscalización, hay contratos menores que se repiten año tras año, algo prohibido por ley porque estos contratos duran un máximo de un año y no son prorrogables.
En los hospitales se llega «a convertir en práctica habitual lo que es una excepción en la contratación pública» y pone como ejemplo suministros de material médico a un único proveedor «muy superiores» al límite. En un día, detalla la Cámara de Cuentas, se adjudicaron varios contratos a la misma empresa todos ellos por importe de 17.999,99 euros, justo en el límite de 18.000 euros, la cantidad máxima por la que se pueden suscribir contratos menores para servicios.
Además, también se detectan fraccionamientos «con carácter general» en los contratos de limpieza de los institutos y en seguridad, mientras que señalan que se usa esta fórmula de contratación para salvar los retrasos en la formulación de nuevos contratos, por lo que pide «diligencia para no tener que incurrir en un incumplimiento legal».
La Cámara de Cuentas afea la definición genérica de muchos contratos, que impide su fiscalización y recuerda que está prohibido fraccionar un contrato «con la finalidad de disminuir la cuantía del mismo y eludir así los requisitos de publicidad o los relativos al procedimiento de adjudicación que corresponda». En junio de 2015 Izquierda Unida trasladó a la Fiscalía Anticorrupción una denuncia por «indicios de prevaricación y malversación» en la contratación menor de la Comunidad de Madrid por la «la repetición de contratos con idéntico objeto, tramitado por la misma consejería e incluso, en ocasiones, con importe repetido».
