El Canal de Isabel II ha apartado a cuatro directivos de la entidad tras existir sospechas de que puedan estar implicados en la trama de corrupción que investiga la ‘Operación Lezo’, y que ha llevado a prisión al expresidente de la Comunidad, Ignacio González. Igualmente, desde la compañía se ha anunciado que se abrirá una auditoría en todas sus filiales internacionales para conocer el estado de cada una de éstas.
Entre los nombres de las personas cesadas está el exgerente de Inassa, Diego García, a quien se le ha retirado todos sus cargos en la empresa pública. Así lo ha anunciado el consejero de Presidencia y Justicia y actual presidente del Canal de Isabel II, Ángel Garrido, quien ha aclarado que el «Canal de Isabel II es una empresa pública y va a seguir siendo una empresa pública». En esta línea, el consejero ha subrayado que se procederá a realizar las modificaciones pertinentes para asegurar que se cumple con la normativa.
Igualmente, se ha iniciado expediente disciplinario laboral al exdirector del Canal, Adrián Martín, para el que el juez pidió prisión bajo fianza de 100.000 euros en el marco de ‘Lezo’, y Fernando Cevallos, imputado en la misma operación. Además, María Fernanda Richmond ha sido suspendida de empleo y sueldo mientras esté en prisión. En este caso, el Canal se encuentra a la espera de un informe legal para ver si inicia expediente o espera.
