La Fiscalía General de la Nación de la República de Colombia informó ayer del inicio del embargo de acciones por 202.000 millones de pesos (unos 58 millones de euros de la sociedad española Inassa en la empresa Triple A de Barranquilla y ordenó sanciones para ocho directivos y exdirectivos, varios de ellos españoles.
El Canal manifiesta hoy, en un comunicado, su «enorme preocupación por las consecuencias que puedan derivarse de las medidas adoptadas por la Fiscalía de Colombia para los servicios públicos esenciales que su filial lleva prestando desde hace 17 años en el distrito de Barranquilla con total eficiencia y responsabilidad».
En los próximos días, la empresa pública «acudirá ante un juez de control de garantías para solicitar defender los intereses de Inassa ante las medidas cautelares practicadas el día de ayer por la Fiscalía con el fin de preservar sus derechos económicos y patrimoniales», añade el comunicado.
El Canal recuerda que las autoridades colombianas tuvieron conocimiento «de las posibles irregularidades cometidas en su territorio tras la denuncia interpuesta por la misma empresa pública ante la Fiscalía General del Estado español y que dieron lugar a la instrucción del procedimiento 91/2016, Operación Lezo, ante el Juzgado Central de Instrucción nº6 en la Audiencia Nacional».
De ella derivó la denominada Operación Acordeón en Colombia y en la que se enmarcan las actuaciones de ayer de la Fiscalía General de la Nación de Colombia, añade la empresa pública madrileña. Canal reitera «su total colaboración, como ha venido haciendo hasta ahora, en la denuncia e investigación de las posibles responsabilidades en las que hubieran podido incurrir administradores y directivos colombianos y españoles en estos hechos».
También se compromete con «la defensa férrea de cuantos derechos les asistan tanto a Inassa como a sus accionistas para proteger sus inversiones y demás intereses económicos y patrimoniales», concluye. La Fiscalía colombiana adoptó ayer la medida cautelar de embargo y secuestro con fines de extinción de dominio de las acciones de propiedad de la sociedad Inassa S.A. en la empresa Triple A, S.A, E.S.P, las cuales corresponden al 82 % del capital de esta última», según informó la fiscalía.
Triple A, que maneja los servicios públicos de Barranquilla, la principal ciudad del caribe colombiano, está participada por Inassa, filial latinoamericana de la empresa pública madrileña Canal de Isabel II. Según la Fiscalía, en las pruebas que aparecen en el expediente se relacionan hechos ocurridos desde 2000 hasta 2017 en que se detectaron supuestos pagos fraudulentos mediante un «contrato de asistencia técnica», que habrían causado un detrimento patrimonial cercano a 236.853 millones de pesos (unos 68 millones de euros).
Según las investigaciones, en 17 años de vigencia de dicho contrato se habrían pagado los 68 millones, valor que actualizado con el Índice de Precios al Consumidor (IPC) llegaría a más de 329.000 millones de pesos (unos 94 millones de euros). «Los elementos recaudados indicarían que el objeto del ‘contrato de asistencia técnica’ nunca se cumplió», señaló la Fiscalía, cuyo titular, Néstor Humberto Martínez Neira, calificó el negocio de «saqueo» de Triple A.
Para el fiscal, hay evidencias de «desviación irregular de recursos para beneficiar a terceros», entre ellos las sociedades Canal Extensia S.A., del grupo Canal Isabel II; y la compañía panameña Slasa, «que presuntamente recibieron los dineros en giros que llegaron a una cuenta de compensación en Miami (EE.UU.)».
Esta maniobra financiera, al parecer, garantizaba que parte de los recursos quedaran entre los socios y un porcentaje fuera destinado para los gastos operacionales de Inassa», explica la Fiscalía. Por todo ello, prohibió salir del país e impuso multas a los españoles Francisco Olmos Fernández Corugedo, exgerente de Triple A, y Francisco Javier Malia Baro, exgerente general de Inassa.
La misma sanción afecta a los exgerentes de Triple A Luis Fernando Arboleda González, Carlos Alberto Ariza Duque y Ramón Navarro Pereira, así como a Luis Alberto Nicolella de Caro, exgerente general de Inassa, y a Germán Sarabia Huyke, gerente de la misma empresa.
Igualmente impuso multas a los españoles Carlos Roca García, actual gerente Inassa; Alberto Muguiro Eulate, presidente ejecutivo, y Edmundo Rodríguez Sobrino, procesado en España como expresidente de Inassa en el ‘caso Lezo’ (el presunto desvío de fondos hacia el PP y el cobro de comisiones en Latinoamérica por el expresidente regional Ignacio González y exejecutivos del Canal) y hombre fuerte del expresidente madrileño Ignacio González en Latinoamérica. «Los procesados son investigados por los delitos de concierto para delinquir con fines de enriquecimiento ilícito y enriquecimiento ilícito de particulares», agregó la fiscalía.
