“La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, ha dado instrucciones para que, en mi calidad de presidente del consejo de administración de Canal de Isabel II, eleve al mismo, para su aprobación, la decisión de llevar a cabo la venta de todas las empresas en Latinoamérica a través de un procedimiento ordenado”, ha avanzado hoy el consejero de Presidencia, Justicia y Portavoz del Gobierno regional, Ángel Garrido, en el Pleno de la Asamblea de Madrid.
Durante su comparecencia para informar en la Cámara sobre la situación de Canal, Garrido ha explicado que el objetivo es realizar un proceso de desinversión “ordenado, transparente y que asegure la obtención de la mayor rentabilidad posible para los madrileños”.
Para ello, Canal va a contratar un asesor financiero externo, con experiencia en procesos de venta de este tipo, para que proponga diferentes alternativas para llevar a cabo las desinversiones (venta directa, en mercado, etc.); posibles calendarios para su ejecución; entidad que realice la valoración del negocio; el objeto de la desinversión (Canal Extensia, Inassa, activos independientes…); y, en general, cualquier otro aspecto relacionado con este proceso.
El presidente de Canal ha recordado que las mejores prácticas mercantiles aconsejan recurrir a un asesor externo para llevar a cabo este tipo de procesos, como ha hecho en los diferentes procesos de venta realizados en el sector público. “El riesgo de no hacerlo podría suponer que la operación finalmente no pudiera realizarse o que supusiera una pérdida de valor significativa”, ha advertido.
En una segunda fase, el consejo de administración de Canal analizará las propuestas presentadas por el asesor financiero y adoptará el acuerdo correspondiente, que incluirá la oportunidad o no de iniciar el proceso de enajenación y, en caso de llevarlo adelante, el procedimiento, el calendario y el objeto de la desinversión.
La decisión de desinvertir en Latinoamérica se une a la que los responsables de Canal ya adoptaron, en junio del año pasado, de cerrar de manera ordenada las participadas latinoamericanas que no tuvieran actividad o cuyo objeto social no estuviera relacionado con la gestión integral del ciclo del agua. Según ha explicado Garrido, en la actualidad ya hay 12 empresas con procesos de liquidación y disolución iniciados o, incluso, finalizados. La previsión es que este proceso de cierre se haya concluido en todos los casos a lo largo de este año 2017.
