“Una gestión restrictiva, modulada que genera más pobreza y desprotección”, son los calificativos con los que CCOO de Madrid ha valorado los datos de gestión del Gobierno Regional en materia de RMI en 2018. En una reunión sin precedentes, ya que los miembros de la Comisión de Seguimiento (sindicatos y patronal) no han contado previamente para su análisis con el Informe Anual de Gestión por primera vez en su trayectoria, lo que supone una clara vulneración de la propia Ley de RMI en su artículo 40, la Comunidad de Madrid ha aportado triunfalmente unos datos que CCOO califica de extremadamente preocupantes.
En opinión del sindicato, la reducción de 2.500 familias beneficiarias en sólo un año, pasando de 35.446 a 33.000 en 2018, no es una buena noticia ya que la pobreza en Madrid está estancada y solo indica que, intencionadamente, se está limitando la cobertura de este último eslabón de protección.
El descenso hasta las 33.000 receptoras en 2018 frente a los 35.483 de 2017 anunciado podría parecer una mejora de la situación de las familias madrileñas. Sin embargo, esta caída de las familias beneficiarias de la RMI responde únicamente a un recorte en el presupuesto y no a un descenso de familias necesitadas de la RMI.
Según los datos facilitados, en 2018 el Gobierno regional ejecutó 152,5 millones frente a los 168,9 millones presupuestados. Es decir, la bajada del 7% del número de familias beneficiarias anunciada por la Comunidad de Madrid se corresponde con un recorte del 9,53% del presupuesto. En 2019 la situación continua muy similar, ya que mientras que se he hecho una reserva en los presupuestos de 166,9 millones, el presupuesto autorizado en febrero fue de 160 millones.
CCOO denuncia que la realidad de las familias madrileñas choca frontalmente con lo planteado por el Gobierno regional como demuestra que hayan sido 106.746 personas las beneficiarias de la RMI cuando, según los últimos datos del INE la tasa de riesgo de pobreza o exclusión social (indicador AROPE) afecta al 19% de la población madrileña y más de 300.000 personas están en situación de carencia material severa (4,7%).
Además, el sindicato destaca que el eslabón más débil continuan siendo las mujeres año tras año, ya que el 41,46% de las familias perceptoras de Renta Mínima de Inserción están sustentadas por mujeres sin pareja con menores y/o otras personas adultas y un 34,38% por mujeres con pareja con menores a su cargo y/o otras personas adultas.
En opinión del sindicato, la Ley de Renta Mínima de Inserción supuso un avance importantísimo en la articulación de mecanismos garantistas de protección social en el ámbito autonómico, reforzando, además, las propias competencias de la Administración Regional en materia de lucha contra la pobreza y la exclusión social.
Sin embargo, después de cerca 18 años de andadura de la Ley de Renta Mínima de Inserción, CCOO de Madrid manifiesta su profunda preocupación por la situación que atraviesa este importante derecho en la región, mostrando graves indicios de desgaste y agotamiento. Esta es la conclusión de los datos facilitados de Gestión de esta prestación correspondiente a 2018 presentado ayer en la Comisión de Seguimiento integrada por la Administración Autonómica, patronal y sindicatos.
