El texto, que debatirá hoy el Consejo Escolar, prevé sancionar como «falta grave» la omisión, tanto por parte de profesores y empleados del centro como de los propios alumnos, del «deber de comunicar al personal del centro las situaciones de acoso» que pudieran producirse, según el artículo 35 del borrador. «Esta incorporación de última hora no se corresponde con los debates mantenidos en el Consejo Escolar durante el último año para armar la propuesta de decreto», afirma la secretaria de Educación de CCOO, Isabel Galvín.
Para la FAPA, es «un error que el alumnado tenga la obligación de comunicar al centro situaciones de acoso sobre él mismo o sobre terceras personas bajo la presión de cometer una falta grave si no lo hace», ha dicho a EFE su presidente Camilo Jené. Cada alumno tiene «un universo de sentimientos y sensibilidades muy distintas, unos son más miedosos que otros, más maduros o simplemente se expresan con más timidez», y la actual redacción del articulado podría entenderse como «o te chivas o te castigo», algo que «no es muy educativo en sí», y que la FAPA intentará modificar.
En lugar de «inculcarles miedo», hay que trabajar «la convivencia y la resolución de conflictos de manera positiva y no simplemente punitiva, de forma que ellos mismos sientan la necesidad de contarle a un adulto la situación que están viviendo de manera natural y evitar así el bloqueo emocional» que sufren, agrega Jené. Según CCOO, «pretenden imponer un modelo, hurtando a la comunidad educativa de un debate profesional, fruto de casi un año de trabajo en el Consejo Escolar», que integran la Administración, sindicatos y la FAPA, entre otros.
Para Galvín, «Educación parece optar por un modelo ideológico, basado en la delación y la denuncia, con actuaciones de tipo punitivo. Se preocupan más en señalar culpables que en crear un clima convivencia para que los alumnos cuenten lo que está pasando». Se necesita «confianza y seguridad, en los adultos y en los compañeros. Es un proceso imprescindible para puedan expresar lo que sienten», añade.
Además, «la labor de los profesionales de la educación no es actuar como Fuerzas de seguridad o asumir funciones judiciales», añade Galvín para quien «la propuesta de Educación pone demasiado el foco en situaciones límite, sin poner medidas para evitar llegar a ellas». Hay que «dotar a los centros de recursos, plantillas y perfiles profesionales; bajar el horario lectivo para poder dedicarse a tutorías y actividades de convivencia; reducir las ratio. Todo esto está desenfocado», asegura.
Se prioriza «un modelo en que unos denuncian a otros. En ningún caso la Consejería nos ha informado que sea un problema de falta de denuncias. El problema es más bien otro: protocolos no adecuados, falta de recursos y plantillas», continúa Galvín. Con ello, «la Administración delega su responsabilidad en los profesionales, en el personal y en los propios alumnos. No se pone el foco en la prevención».
En vez de poner énfasis en la figura del «alumno colaborador, ayudante o mediador, que existe y está funcionando muy bien en situaciones de conflicto, se habla del alumno delator», critica la secretaria. Las medidas deben ser «primero preventivas, luego paliativas y si hay un delito se denuncia, es un deber ciudadano. Parecería que están ocurriendo delitos que no se denuncian y esto no es verdad».
Tras un debate «muy profesional, enfocado en buenas prácticas reconocidas, este cambio errático fomenta una dinámica que no es apropiada y además no debería tener sesgo ideológico», apostilla. El artículo 35 del borrador tipifica como falta grave «omisión del deber de comunicar al personal del centro las situaciones de acoso o que puedan poner en riesgo grave la integridad física o moral de otros miembros de la comunidad educativa, cuando la comunicación pudiera realizarse sin riesgo propio ni de terceros».
