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 Líder en Prensa local de Madrid |  Martes, 11 de diciembre de 2018
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13/11/2018 - Redacción Preparar para imprimir   Bookmark and Share
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CCOO pide que la Comunidad no use Madrid Central como arma arrojadiza
El sindicato Comisiones Obreras ha pedido que la Comunidad de Madrid asuma sus responsabilidades en el refuerzo del transporte público ante la entrada en vigor de Madrid Central y no use los necesarios acuerdos al respecto como "arma arrojadiza"

El secretario general de este sindicato en Madrid, Jaime Cedrún, y la delegada de Medio Ambiente y Movilidad de la capital, Inés Sabanés, han mantenido hoy un encuentro en el que ambos han compartido la exigencia de un plan de refuerzo y la petición de que el Consorcio Regional de Transporte y Gobierno autonómico de Ángel Garrido asuman sus responsabilidades. Además, el sindicato ha obtenido el compromiso de Sabanés, para formar una comisión junto a CCOO, responsables regionales y de las corporaciones locales para abordar la movilidad a los centros de trabajo de carácter regional, según explica CCOO en un comunicado.

CCOO también será miembro de la comisión de seguimiento y evaluación sobre Madrid Central. Además, el sindicato ha trasladado su preocupación a la delegada sobre los efectos de Madrid Central en los desplazamientos al trabajo en un contexto de "fallos y averías frecuentes" en el Cercanías y la "crisis en Metro" por la reducción de los trenes y ha subrayado asimismo la necesidad de información sobre el alcance y periodo de aplicación de las medidas de movilidad. 

El encuentro entre CCOO y el Gobierno de Manuela Carmena se produce después de que la pasada semana el sindicato asegurase que las medidas de Madrid Central son "discriminatorias" ya que cambian el principio de "quien contamina paga" por el de "quien paga puede contaminar", en referencia a quienes pueden permitirse cambiar su vehículo a un híbrido (ECO) o un eléctrico (Cero emisiones). 

Si no hay nuevos retrasos, a partir del 30 de noviembre no se podrá acudir al centro de Madrid en coche salvo que se sea residente, se conduzca un vehículo no contaminante o se acuda a un aparcamiento, una medida que el Gobierno de Garrido quiere paralizar en los tribunales.









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