(EFE). El promotor de la acción disciplinaria del órgano de gobierno de los jueces señala que las manifestaciones que Alaya pronunció en un foro informativo el pasado 4 de junio se enmarcan en una crítica al modo de nombramiento del fiscal general del Estado pero no hacia los miembros de la Fiscalía, según informa el CGPJ en un comunicado.
La juez de la Audiencia Provincial de Sevilla y que fue instructora del caso ERE opinó en ese encuentro que atribuir a la Fiscalía la investigación de los procedimientos por corrupción sería «como tener al lobo metido dentro del gallinero». Unas declaraciones que fueron rechazadas por el pleno del Consejo Fiscal por el «menosprecio» que mostraban hacia «la objetividad e imparcialidad» del ministerio público y provocaron que la Fiscalía General del Estado remitiese una comunicación al CGPJ para que estudiase si eran «merecedoras de la apertura de expediente disciplinario».
Si bien tras valorar el contexto en el que tuvieron lugar las manifestaciones, el CGPJ concluye que contenían una crítica al régimen legal que rige el funcionamiento del Ministerio Fiscal, sobre todo al sistema de nombramiento del fiscal general del Estado, pero no a los miembros de la carrera fiscal, de quienes la magistrada Alaya dijo expresamente que son «excelentes profesionales».
Es decir, el CGPJ no aprecia en su actuación «el elemento subjetivo de culpabilidad que caracteriza toda infracción disciplinaria». Las manifestaciones de Alaya sobre la Fiscalía no fueron las únicas objeto de denuncia entre jueces y fiscales. El pasado mes de julio el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía recordó a la magistrada que «es obligación de todo juez» promover «una actitud de respeto y confianza en el Poder Judicial».
Lo hizo en respuesta a la queja elevada por los jueces de instrucción de Sevilla por las críticas de Alaya a la «capacidad y profesionalidad de sus compañeros», como el juez de refuerzo que le asignaron en el juzgado de instrucción 6 y que cerró la instrucción de la pieza política del caso ERE en la que se juzga desde diciembre a 22 ex altos cargos de la Junta.
