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La CIC pide a los partidos que rechacen el nombramiento de Lagarde en el BCE

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La CIC acusa a la actual presidenta del Fondo Monetario Internacional (FMI) de sabotaje y obstrucción a la justicia en escrito remitido a todos los grupos parlamentarios con representación en el Congreso de los Diputados que además cuentan con escaños en el Parlamento Europeo, que debe ratificar el nombramiento de Lagarde al frente del Banco Central Europeo. Su declaración como testigo en el juicio por la salida a Bolsa de Bankia, solicitada a instancias de la CIC, estaba inicialmente prevista para el pasado 8 de mayo, pero la sección cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional decidió en abril que el testimonio se hiciera mediante un cuestionario y no por videoconferencia, como era la primera intención.

S requería a Lagarde para que entre otros asuntos rebatiese o confirmase el testimonio del exministro de Economía Luis de Guindos, que negó ante el tribunal que el Ejecutivo hubiera presionado en 2012 al FMI para adelantar las conclusiones de un informe sobre la banca española en el que se mostraba muy critico con la situación de Bankia. Lagarde pidió el pasado día 4 que se ampliase hasta el 16 de agosto el plazo para responder a las cuestiones planteadas, ya que el cuestionario, remitido a través de valija diplomática, llegó «deteriorado y mojado», solicitud que fue denegada por la Sala.

Definitivamente descartada la declaración de Lagarde, la CIC recurre ahora al Congreso de los Diputados, e insta a los diputados, «ya nada puede hacerse desde el ámbito de la justicia», a no ratificar su nombramiento como presidenta del BCE. La CIC «no tiene medios para llevar a cabo una investigación y saber qué ocurrió realmente», prosigue el documento, pero en opinión de este sindicato de las antiguas cajas «la persona que ocupe dicho cargo debe tener un absoluto respeto por la justicia, y colaborar con ella en todos los ámbitos que lo requieran».

El presidente de CIC, Gonzalo Postigo, destaca que el principal motivo de la declaración era «establecer desde qué fecha el FMI había detectado los problemas que arrastraba Bankia o las cajas que dieron origen a la entidad», y desvelar si hubo «alguna contradicción con las declaraciones de De Guindos en la Audiencia Nacional».

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