Como principal motivo para esta reivindicación argumentan que en Madrid «se centralizó e institucionalizó toda la maquinaria del terror jurídico-policial del régimen franquista», que, «con el asesoramiento de sus aliados nazis», «torturó, asesinó y encarceló a miles de personas». Por eso entienden que el Estado «debe garantizar que los restos del dictador no se depositen en ningún lugar en Madrid que por su singularidad pueda derivarse un estatus de privilegio o de honor».
Advierten que, de acceder a la voluntad de la familia del dictador, «la catedral de la Almudena se podría convertir en lugar de culto para los neofascistas y para una parte de la Iglesia que, a juicio de las redes cristianas y comunidades cristianas populares, vendría a denigrar aún más a una Iglesia que asignó en su día el título de Cruzada a la guerra y la represión que generó el golpe militar fascista».
También, «las cárceles habilitadas y las cárceles de Ventas y Carabanchel, la antigua Dirección de Seguridad, forman parte de la memoria democrática de las madrileñas y madrileños en su lucha por la libertad que hay que preservar, honrar y proteger», añaden.
Por todo ello, reclaman al Estado «garantizar que el emplazamiento definitivo de los restos de Franco no suponga reconocimiento ni privilegio alguno preservando así la dignidad de las personas de la resistencia que fueron ejecutadas, torturadas, encarceladas, depuradas o exiliadas».
Entre los partidos políticos que suscriben el manifiesto figuran las filiales madrileñas de IU y Podemos, así como el Partido Comunista de Madrid (PCM), Ganemos Madrid e Izquierda Castellana. También aparecen como firmantes los sindicatos UGT y CCOO, la Asociación de la Memoria Social y Democrática de España (AMESDE), Asociación Marcos Ana, CeAQUA (Coordinadora estatal de Apoyo a la Querella Argentina contra crímenes del franquismo) y Club de Amigos de la Unesco de Madrid (CAUM), entre otros.
