El Ministerio de Justicia pidió al Ayuntamiento de El Escorial un informe para ejecutar las obras necesarias para exhumar a Franco en la Basílica de la Santa Cruz del Valle de los Caídos, y el Consistorio emitió ese informe. Aunque la Comunidad de Madrid no interviene en ese proceso, diversos denunciantes particulares remitieron por escrito -presentado a través de Registro- una solicitud a la Administración regional para que procediera a requerir al Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial la suspensión de los efectos del informe municipal emitido.
En una resolución, la Dirección General de Urbanismo considera que no se dan los requisitos previstos en el artículo 197 de la Ley del Suelo de Madrid para intervenir, por no tratarse de obras en ejecución ni suponer una infracción grave o muy grave, y determina que las obras previstas no vulneraban el régimen de protección de la Basílica previsto en las normas urbanísticas del municipio. El proceso para retirar los restos de Franco del Valle de los Caídos se ha encontrado con un nuevo obstáculo, el de un juzgado de San Lorenzo de El Escorial que ha suspendido la licencia urbanística para la exhumación, aunque el Gobierno ha subrayado que esto no paraliza el expediente.
El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Madrid ha suspendido de forma provisional el informe del Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial que concedía la licencia urbanística para la exhumación. Así consta en un auto con fecha 25 de febrero, en el que el juez José Yusty Bastarreche paraliza cautelarmente la licencia de obras tras una demanda particular.
El magistrado impugna el informe del Consistorio de fecha 26 de noviembre de 2018 por el que se declaraba «admisibles las actuaciones urbanísticas» para levantar el pavimento, retirar la losa que cubre la sepultura y trasladar ésta a otro lugar. La suspensión la reclamaba el demandante particular aduciendo por un lado que la exhumación no requiere urgencia porque Franco lleva en el Valle de los Caídos 44 años y poniendo en duda que las obras para llevarla a cabo sean «conformes a la legalidad vigentes» o se puedan efectuar «con seguridad para las personas».
Tras conocerse este auto, el Gobierno lamentó el «obstruccionismo» que está practicando el «entorno» de Franco para evitar la exhumación, al presentar numerosas demandas judiciales para tratar de que algún juzgado, como finalmente ha ocurrido, la suspendiese cautelarmente.
