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28/10/2019 - Redacción Preparar para imprimir   Bookmark and Share
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La Comunidad pide combatir los pisos okupados ante las 4.000 viviendas afectadas

El Gobierno regional ha instado a la Fiscalía a "combatir de manera decidida" a las "mafias" de la okupación ilegal de viviendas que "abusan" de las situaciones de vulnerabilidad de una parte de la sociedad.

El consejero de Justicia, Interior y Víctimas, Enrique López, y el consejero de Vivienda y Administración Local, David Pérez, se han reunido este lunes con la fiscal Provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, y la jueza decana de Madrid, María Jesús del Barco, para abordar la problemática de las okupaciones ilegales en la Comunidad de Madrid. El objetivo de esta reunión de trabajo es estudiar soluciones en el ámbito judicial para agilizar los procedimientos de desalojo en situaciones de okupación ilegal de viviendas.

Los procesos de desalojo "en el mejor de los casos pueden tardar cinco meses y en el peor pueden tardar varios años o incluso no concluir con el desalojo de la persona que ha okupado ilegalmente la vivienda por distintos problemas en la legislación", según David Pérez. "Resulta difícil no acudir a los instrumentos de la legislación del Estado para agilizar los procedimientos de desalojo", ha indicado el consejero de Justicia, quien ha precisado que una vez identificado los déficit legislativos se trasladarán a la 'Mesa de Vivienda y Okupación' -formada por la Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid- para proponerle al Gobierno de la nación las reformas legales pertinentes.

Actualmente, en la Comunidad de Madrid, hay más de 4.000 viviendas okupadas, tanto de titularidad pública como privada, en mayor medida, en el distrito de Usera y en los municipios del sur de la región, y la Agencia Social de la Vivienda de Madrid tiene 1.500 demandas presentadas.

López ha recordado que la Ley 5/2018 que reformó la Ley de Enjuiciamiento Civil manifestaba en su exposición de motivos que se estaban produciendo "fenómenos criminógenos organizados" que promocionaban y provocaban la okupación ilegal de viviendas para luego establecer una especie de comercio ilícito "abusando" de las situaciones de vulnerabilidad de una parte de la sociedad. El Gobierno regional tiene la "determinación" de atajar el problema de la okupación ilegal de viviendas con medidas efectivas, en "coordinación" con las instancias judiciales y con el Ayuntamiento de Madrid, ha recalcado el consejero de Vivienda.

Pérez ha reclamado una modificación de la legislación, dado que con la normativa actual es imposible desalojar las viviendas "de una forma rápida y eficaz" para que esas viviendas vayan a las familias que las necesitan y no sean okupadas de forma ilícita. Ha resaltado la importancia de abordar el problema de la okupación ilegal de viviendas haciendo un análisis "caso por caso" de manera "rigurosa", dado que hay una okupación de "patada en la puerta", okupaciones "ideológicas" y okupaciones tácitas entre familias que han perdido el derecho a tener una vivienda, pero otros familiares se han quedado en ella.

Asimismo, ha abogado por evitar "la condescendencia y la indulgencia" con la que se veían estas situaciones ilegales "desde determinados ámbitos de la izquierda" y ha asegurado que la lucha contra la okupación ilegal, lejos de ser "una medida de fuerza, judicial o policial", es "una medida social" para favorecer el acceso a la vivienda a las familias que las necesitan.









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