Una condenada por un fraude mercantil, número 14 en la lista de Errejón

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Según ha avanzado el diario ABC, los tribunales condenaron solidariamente a Promociones y Viviendas Cantorano SL, de la cual era consejera la propia Pastor Valdés, del traspaso de activos inmobiliarios procedentes de Jamadal SL, cuyo administrador y propietario era Adolfo Pastor, para evitar que esta última compañía pagase a sus acreedores. 

El Juzgado de lo Mercantil número 1 de Oviedo impuso en 2010 a María Pastor y al otro consejero de Promociones y Viviendas Cantorano SL, Javier del Río Vizcaíno, el abono de 944.000 euros por indemnización de daños y perjuicios a la masa activa de unsa sociedad. Una sentencia anterior, emitida por la Audiencia Provincial de Asturias en 2008, ya advirtió de las operaciones “altamente sospechosas” que se estaban realizando entre Jamadal y la compañía de la que Pastor Valdés era consejera.

Ésta ha explicado que desconocía los tejemanejes de su familiar cuando le pidió que le ayudase con sus empresas. “Sin ser mías las decisiones que mi padre tomaba en sus empresas, he asumido las consecuencias y afrontado personal y económicamente las deudas que han llegado”, informa al citado medio de comunicación. Y es que el nombre de la compañera de Errejón en la lista de Más Madrid figura en varias sociedades, cursando baja en las mismas bien por acción del propio progenitor, bien por que la afectada renunció posteriormente. “Es muy duro y doloroso ver que alguien que quien te tiene que proteger te hace algo así”.

Lo cierto es que Pastor Valdés ha desarrollado su labor profesional alejada del ámbito de las finanzas y las inmobiliarias; siendo graduada en Trabajo Social, su experiencia ha estado vinculada a la educación y a la orientación. Ahora resta conocer si Errejón decide mantener a la militante de EQUO entre sus filas: si bien el código ético no hace alusión a ningún tipo de actuación para integrantes que hayan sido condenados por la vía mercantil, en el mismo documentose fija el compromiso de renuncia al cargo en caso de ser imputado/encausado, procesado o condenado por las faltas y delitos que choquen con la Declaracion de los Derechos Humanos. 

 

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