La formación de Ciudadanos en la Comunidad de Madrid ha rechazado el documento que Vox ha propuesto como punto de partida para llegar a un acuerdo de cara a la investidura de la popular, Isabel Díaz Ayuso, el cual pide, entre otras medidas, derogar los artículos de las leyes contra la LGTBIfobia y que las fuerzas de seguridad dispongan de informarción de primera mano sobre los extranjeros en situación irregular. La agrupación naranja ha aseverado que el compendio de iniciativas promovidas por los de Santiago Abascal suponen “un retroceso” y las califican de “incompatibles” con algunas de las 155 medidas que pactaron con el Partido Popular.
Las prerrogativas más polémicas del pliego presentado por Vox atañen a los artículos de las leyes de ‘Identidad y Expresión de Género e Igualdad Social y no Discriminación de la Comunidad de Madrid’ y de ‘Protección Integral contra la lgtbifobia y la Discriminación por Razón de Orientación Sexual en la Comunidad de Madrid’. En este sentido, el partido liderado por Rocío Monasterio en clave autonómica razona su propuesta parapetándose en “la libertad de los padres a educar a sus hijos según sus convicciones morales”.
Según el ideario de Vox, las citadas normativas “atentan contra la libertad de los padres a dar a sus hijos una educación conforme a sus valores morales, vulneran la patria potestad y/o invierten la carga de la prueba, eliminando la presunción de inocencia». Frente a dicha situación, los de Abascal plantean «evitar cualquier injerencia de los poderes públicos en la formación ideológica de los alumnos; e «implantar el Pin Parental, que asegure la conformidad de los padres los contenidos de carácter ideológico a impartir por parte del centro educativo».
De la misma manera, en los casos concretos de acoso o violencia, la formación de extrema derecha prevé «asegurar que cualquier tipo de acoso, discriminación o violencia será tratado de la misma forma, evitando que diferentes víctimas de acoso tengan diferentes grados de protección».
En otro orden, el documento del partido verde aborda la inmigración irregular, proponiendo que los “Cuerpos y Fuerzas de seguridad del Estado tienen acceso directo a la información de que dispone la Administración regional sobre los extranjeros en situación irregular». Llegados a este punto, Rocío Monasterio y el resto de diputados autonómicos electos de la agrupación esgrimen que los recursos de los madrileños son finitos, por lo que piden que se cumplan los acuerdos en materia de atención sanitaria,” potenciando los mecanismos de facturación y cobro efectivo del gasto sanitario ocasionado por turistas y/o extranjeros en situación irregular durante su estancia en España».
El pliego de Vox también pone el foco sobre los denominados ‘menas’, solicitando que se compruebe de manera fehaciente que los extranjeros que ingresan en los centros de acogida no hayan alcanzado la mayoría de edad. «Atendiendo al interés general y la protección del menor que vive en un centro de menores, es necesario asegurar que ningún interno es mayor de edad», señala el escrito.
