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El CSIF denuncia la presión y el estrés de la plantilla que atiende las denuncias de cláusulas suelo

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Actualmente, y según cifras proporcionadas por el propio sindicato, este juzgado cuenta con una plantilla de 24 funcionarios de la Administración de Justicia (6 Gestores, 12 Tramitadores y 6 Auxilios Judiciales) que son competencia de la Comunidad de Madrid, 3 letrados de la Administración de Justicia proporcionados por el Ministerio de Justicia y 10 Jueces nombrados por parte del Consejo General del Poder Judicial. El día de su puesta en funcionamiento, el 1 de junio de 2017, el juzgado 101 bis contaba con 10 funcionarios de la Administración de Justicia, dos letrados de la Administración de Justicia y un juez en prácticas.

“A la vista de la dotación de personal funcionarios, que es competencia de la Dirección General de Justicia de la Comunidad de Madrid, consideramos que su número, aparte de ser insuficiente para la cantidad ingente de demandas que se tramitan, no es proporcional al número de jueces que ha nombrado el CGPJ. Mientras el número de jueces ha crecido de manera exponencial, la plantilla de personal de justicia y letrados de la Administración de Justicia (antes llamados secretarios judiciales) no ha crecido”, señala el escrito de CSIF Justicia Madrid.

Si se tiene en cuenta el número de funcionarios asignados a los últimos juzgados de Primera Instancia que se han creado en Madrid capital, el juzgado de cláusulas suelo debería estar compuesto por 80 funcionarios de justicia (30 Gestores, 40 Tramitadores y 10 Auxilios), muy lejos de los 24 actuales. “Por muchos jueces que se nombren, si estos no van acompañados del número de funcionarios necesarios para la tramitación de las demandas, el colapso será inevitable”, indica en la carta Juan José Carral, presidente de CSIF Justicia Madrid.

En relación a la carga de trabajo, el número de demandas registradas y repartidas al juzgado de Primera Instancia 101 bis de Madrid presentadas hasta mediados de octubre de 2017 —últimos datos oficiales de los que disponemos— ascienden a 15.000, de las cuales se han incoado y empezado a tramitar 8.000. Son datos verdaderamente alarmantes, más si tenemos en cuenta que no están contabilizadas todas las demandas presentadas en la Oficina de Registro y Reparto Civil desde octubre de 2017 a mayo de 2018, que podrían llegar a las 45.000 reclamaciones en un año.

En contrapartida, “debemos hacer mención especial a la dedicación y profesionalidad de los empleados públicos de este juzgado, que hasta el primer trimestre de 2018 ha dictado unas 2200 sentencias, ritmo más que significativo pero totalmente insuficiente. Según estos datos, y si no se adoptan medidas urgentes, se tardaría un mínimo de 6 años en resolver las demandas ya registradas”.

Para CSIF, la carga de trabajo es inasumible por la plantilla actual, por lo que insta a la Comunidad de Madrid a adoptar medidas adecuadas y urgentes, ya que el incremento de la presión y estrés puede poner en serio peligro la salud laboral de los trabajadores de este juzgado. De hecho, ya se han producido las primeras renuncias de funcionarios que no han podido soportar una situación laboral tan extrema.

En relación a la sede donde se ubica este juzgado, CSIF considera que no reúne las condiciones idóneas para albergar un órgano judicial. No solo las instalaciones no son las adecuadas y no cuentan con el espacio suficiente, lo que está provocando un sinfín de problemas, sino que el mobiliario tampoco es el apropiado para sus dimensiones, dado que las mesas de trabajo son muy reducidas y apenas tienen sitio para colocar el ordenador. Tampoco cuentan con estanterías suficientes para el archivo de los

procedimientos judiciales.

 

Por su parte, los diez jueces que desarrollan su actividad en este juzgado sólo cuentan con tres despachos que deben compartir, y los Letrados de la Administración de Justicia no cuentan con espacios de trabajo adecuados.

 

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