El inicio de la temporada de caza en la Comunidad de Madrid, el pasado domingo, ha motivado que los agentes forestales de la región, a través de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), se movilicen para pedir al Ejecutivo autonómico las medidas necesarias orientadas a garantizar la seguridad y salud de estos trabajadores.
La sombra del intento de apuñalamiento a un agente medioambiental a manos de dos cazadores furtivos hace pocos días en Castilla y León, o el asesinato de dos agentes rurales en Cataluña en enero de este año, han llevado a los agentes forestales de la región a solicitar un aumento de plantilla, así como protocolos de seguridad y normativa sobre prevención de riesgos, entre otras peticiones, al Gobierno que dirige Cristina Cifuentes.
Desde el pasado domingo, 38.000 escopetas pueden desarrollar la actividad cinegética en el medio natural de la Comunidad de Madrid. Pese a que existe una amplia regulación legal de esta actividad, son abundantes los casos de infracciones administrativas e incluso delitos. Ello se añade a que en los últimos años los agentes forestales vienen sufriendo, por todo el país, un incremento importante en cuanto a agresiones y amenazas, y la Comunidad de Madrid no es ajena a esta escalada.
«Los agentes forestales realizan miles de controles y operativos para velar por el cumplimiento de la normativa legal vigente, ya que esa es su función y por lo tanto su obligación, pero no a cualquier precio y con tan elevado riesgo. Sin protocolos adecuados que regulen profesionalmente la actividad, sin efectivos suficientes para desarrollarla en patrullas de al menos dos agentes, sin medios de seguridad, sin organización operativa y sin la formación que reciben otros Cuerpos se está exponiendo a los agentes forestales a riesgos evidentes», asegura José María Bermúdez, portavoz de Agentes Forestales de CSIF Madrid.
Por ello, CSIF urge al consejero de Presidencia, Ángel Garrido, a que tome las medidas oportunas, aumentado la plantilla de agentes forestales; estableciendo reglamentariamente la patrulla mínima operativa de dos agentes; adecuando, por profesionales policiales, los protocolos operativos y de seguridad; dotando a los agentes de medios de defensa proporcionales a las intervenciones e impulsando una norma autonómica que establezca la prevención de riesgos en la actividad de las funciones policiales.
Los agentes forestales exigen a la Comunidad de Madrid que de inmediato estudie y provea al Cuerpo de medios de seguridad e instrucciones profesionales que palien y aminoren el riesgo inherente asumido al ejercicio de su profesión. De no hacerlo, las consecuencias las pagarán los propios agentes, pero serán responsabilidad de la Comunidad. En este sentido, CSIF se reserva llevar a cabo las medidas de presión que considere oportunas para que el Ejecutivo regional ponga fin a la desprotección que sufren estos agentes.
