El órgano constitucional señala que este sistema se ha ejecutado a lo largo de estos últimos años con “más frecuencia de la deseable”, suponiendo un perjuicio para los alumnos y el personal docente, “alterando el funcionamiento del centro”.
El documento elaborado por el Defensor del Pueblo fue llevado a cabo tras una queja en la ejecución del CEIP Miguel de Cervantes -en Getafe-, coincidiendo los trabajos en el mismo con el curso ya en marcha; después de cuatro años no se habían construido determinadas instalaciones, lo que mermaba la «calidad» de la docencia. El Defensor del Pueblo explica que la normativa reguladora de los requisitos mínimos de colegios e institutos detalla que tienen que reunir las condiciones necesarias para «garantizar la impartición de las enseñanzas que tengan implantadas con la necesaria calidad».
En relación con ello, la Consejería ha manifestado que la planificación de las infraestructuras necesarias para la atención de las necesidades de escolarización se realiza «atendiendo a las necesidades de plazas educativas y a la optimización responsable de los recursos públicos».
