La juez no ve delito de lesiones al permitirse la marcha del 8M

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La magistrada exime del delito de lesiones al delegado del Gobierno en Madrid al no ver relación entre 8M y contagios

La titular del Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid, Carmen Rodríguez-Medel, ha acordado retirar el delito de lesiones imprudentes por el que se investigaba al delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco. La decisión de abrir diligencias ante el también secretario general de los socialistas madrileños se tomó después de admitirse a trámite la denuncia presentada por un particular quien en su escrito acusaba a Franco de un supuesto delito de prevaricación al permitir la marcha del 8M.

La magistrada afirmó que los hechos denunciados podrían tener encaje penal. Es más, Rodríguez-Medel interpretó que podrían sumarse otras calificaciones jurídicas a medida que avanzase la instrucción del caso contra José Manuel Franco. No obstante, cuestionaba, “sin tampoco descartarlo”, que fuesen constitutivos de un delito de prevaricación administrativa o de lesiones por imprudencia profesional.

Ahora, la juez ha decidido retirar el delito de lesiones imprudentes de la investigación. La decisión se toma después de que el médico forense emitiese un informe descartando la “relación de causalidad” entre acudir a una concentración multitudinaria -como la marcha por el Día Internacional de la Mujer del 8 de marzo- y los contagios por coronavirus. Rodríguez-Medel deseaba dirimir si las manifestaciones “fueron susceptibles de causar un riesgo evidente para la vida e integridad física de las personas”. El documento médico niega la mayor y no encuentra vinculación entre acudir a la marcha y el hecho de contagiarse.

 

Se mantiene la investigación por prevaricación

A pesar de que la magistrada ha decidido retirar el delito de lesiones imprudentes, mantiene abierta la investigación por el presunto delito de prevaricación. La juez admitió a trámite la denuncia presentada por el abogado Víctor Valladares. En su escrito acusaba a los delegados del Gobierno de las 17 regiones y al propio presidente del Ejecutivo central, Pedro Sánchez, de un supuesto delito de prevaricación al permitir la marcha del 8M. A este respecto, la juez descartó investigar al presidente del Gobierno al estar este último aforado; por lo que no entra dentro de las competencias del juzgado madrileño. De idéntica forma ocurre con los delegados denunciados en otras comunidades.

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