Según el sindicato, Ombuds, la tercera empresa de seguridad más importante de España, controlada por el fondo de inversión JZI de EEUU y la familia española Cortina, adeuda la nómina de junio y la paga extra de julio a sus 8.000 empleados (en varias entidades públicas y empresas) y más de 40 millones de euros entre Hacienda y la Seguridad Social. Alternativa Sindical dice en una nota de prensa que la demanda presentada este lunes «se hará extensiva a varios entes públicos y administraciones» en los que trabaja personal de Ombuds.
Metro de Madrid ha manifestado este lunes a EFE que se trata de un problema que no afecta solamente a sus trabajadores y destaca que los pliegos de condiciones de sus contratos con Ombuds consideran un «incumplimiento de carácter muy grave» el no hacer frente a las obligaciones laborales, sociales o fiscales relativas al personal destinado a los servicios contratados. Según fuentes de Metro, la empresa está haciendo un seguimiento continuo del caso y recabando información al respecto «para tomar todas las medidas contractuales y jurídicas oportunas para que esta situación pueda solucionarse a la mayor brevedad posible, incluida la rescisión de los contratos, si procede».
Y agregan que ya el pasado día 12, tras conocer ese incumplimiento, Metro de Madrid envió un burofax a la empresa Ombuds «instándole a cumplir con las obligaciones establecidas en los pliegos». Los representantes sindicales de los trabajadores dicen en su nota que, según precepto legal, Metro es responsable solidaria «por los incumplimientos en materia de seguridad social y obligaciones de naturaleza salarial» de la contratista Ombuds Seguridad. Alternativa Sindical explica que ha presentado la demanda este lunes después que el viernes pasado Ombuds reconociera que esta semana se declarará en concurso de acreedores.
Ombuds solicitó el 30 de junio pasado acogerse al concurso de acreedores para afrontar las deudas que contempla con Hacienda y la Seguridad Social después de que la banca decretara la suspensión unilateral de las líneas de financiación a corto plazo (‘factoring’), una circunstancia que -dice el sindicato- la firma ha negado «para evitar la fuga de clientes». Metro «deberá asumir las consecuencias de la contratación de una empresa de dudosa solvencia», dice Alternativa Sindical, que insiste en que exigió infructuosamente a Metro la rescisión de dicho contrato.
