La Guardia Civil en la operación TORCAL, desarrollada en Madrid, ha detenido a 8 personas e imputado a otras 4, todos de nacionalidad rumana, como presuntos integrantes de una organización criminal dedicada a robos en joyerías y otros establecimientos comerciales en diversas provincias del territorio nacional.
Asimismo, se han efectuado 4 registros domiciliarios en las localidades madrileñas de San Fernando de Henares, Villalbilla, Arganda del Rey y Torrejón de Ardoz, interviniéndose gran cantidad de joyas y numerosas herramientas de construcción y ferretería, valorado todo ello en más de 150.000 euros
Las investigaciones se iniciaron en el mes de mayo cuando la Guardia Civil tuvo conocimiento de que un grupo de personas, residentes en la localidad madrileña de Torrejón de Ardoz, podían dedicarse a la comisión de robos en establecimientos comerciales en distintas provincias españolas.
De las investigaciones realizadas, los agentes pudieron constatar que la organización disponía de gran movilidad geográfica, ya que utilizaba para sus desplazamientos vehículos alquilados o robados y siempre a una gran velocidad.
Asimismo, adoptaban importantes medidas de seguridad para evitar una posible vigilancia de los cuerpos y fuerzas de seguridad, lo que dificultaba su seguimiento y localización.
La organización se dedicaba a la comisión de robos con fuerza en joyerías, estancos y otros establecimientos comerciales ubicados en pequeñas poblaciones donde previamente habían estudiado el local a asaltar, vías de acceso y huída de la población.
Para acceder al interior de los establecimientos, neutralizaban los sistemas de alarma mediante inhibidores de frecuencia, forzaban las puertas o ventanas con gatos hidráulicos y, provistos de pasamontañas, linternas y trasmisiones portátiles, apropiándose de los objetos de valor y de fácil salida en el mercado clandestino (joyas, dinero, material informático, tabaco, etc.)
Castigaba a sus hombres con no salir a robar o con castigos físicos
A lo largo de la investigación se pudo determinar que los miembros de la organización estaban muy jerarquizados, con un claro líder que dirigía la al resto de los integrantes con un “código interno”.
El jefe, en ocasiones castigaba a sus hombres con no salir a robar si habían desobedecido sus órdenes, quedándose con los beneficios que hubiera obtenido en el robo o llegando a ejercer castigo físico si algún miembro le había demostrado deslealtad.
Hasta el momento, tras un primer análisis del material y documentación intervenida los investigadores imputan a los detenidos una veintena de hechos delictivos cometidos en las provincias de Córdoba, Toledo, Zaragoza, Murcia y Madrid.
Las investigaciones han sido llevadas a cabo por agentes de la Guardia Civil especializados en la lucha contra la delincuencia organizada.
