Agentes de la Policía Nacional han detenido a trece personas y practicado 15 entradas y registros en el marco de la operación “Topolino” contra el fraude fiscal y blanqueo de capitales, dirigida por la Fiscalía Especial Contra la corrupción y la Criminalidad Organizada y por el Juzgado de Instrucción número dos de Majadahonda (Madrid). Entre los arrestados figuran el dueño una cadena de clínicas dentales y el responsable de la actividad de la empresa en Italia. En esta misma actuación se ha decretado la prohibición de disponer sobre 124 fincas repartidas por toda España, 36 vehículos a motor y una aeronave.
En el día de hoy, agentes de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional están llevando a cabo la fase operativa de una investigación contra el blanqueo de capitales y el fraude fiscal. Hasta el momento se ha procedido al arresto del máximo responsable de una conocida cadena de clínicas dentales, del director general de la empresa para los establecimientos abiertos en Italia y de otros gestores, hasta un total de 13 personas. Del mismo modo se ha desarrollado el registro de las oficinas centrales de la empresa objeto de la investigación, de tres despachos de abogados y de los domicilios de los detenidos. Los arrestados formaban parte de un grupo organizado creado dentro de la estructura empresarial, diseñado para eludir el pago de impuestos a la hacienda pública. Para evitar sus obligaciones fiscales, el máximo responsable de la empresa ingresaba los ingresos obtenidos de las franquicias de la marca en entidades bancarias de Suiza o Luxemburgo. Posteriormente parte de este capital era reinvertido en España mediante la adquisición de bienes inmuebles, vehículos y otros artículos de lujo, culminándose de este modo un proceso de blanqueo.
Además de materializar los arrestos y registros, se ha decretado la prohibición de disponer sobre 124 fincas repartidas por toda España, 36 vehículos a motor y una aeronave valorada en un millón de euros. También está previsto el bloqueo de los saldos de las personas físicas y jurídicas objeto de investigación, repartidos en 25 entidades financieras, así como el bloqueo de los activos financieros de dos SICAV por importe de 5 millones de euros, y la prohibición de disponer de otras 103 fincas rústicas.
La investigación ha sido desarrollada por agentes de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) y dirigida por la Fiscalía Especial Contra la corrupción y la Criminalidad Organizada y por el Juzgado de Instrucción número dos de Majadahonda (Madrid).
