El director del colegio concertado Juan Pablo II de Alcorcón, Carlos Martínez, ha admitido mediante un escrito -del que se ha hecho eco El País- que no dispone del dinero para pagar la multa que le impuso la Consejería de Políticas Sociales y Familia por hacer un simil entre la ley de Identidad de Género con el fanatismo terrorista. El órgano en cuestión le sancionó después de que éste divulgase una carta en calidad de director a los alumnos del centro educativo afirmando que la ley LGTB era absurda, asegurando que el Islam y la ideología de género son maquinaciones condenadas al fracaso.
Pues bien, después de la misiva a estudiantes y padres, el proceso judicial y el revuelo creado en torno a dicha actuación, Martínez, paradójicamente, ha escrito una carta en la que solicita ayuda para recurrir en los tribunales la multa de 1.000 euros que le han impuesto. En su último texto, el director explica que no cuenta con el capital necesario para hacer frente a la sanción y añade que no está dispuesto a abonar religiosamente dicha cuantía porque, en su opinión, la ley en defensa del colectivo LGTB atenta contra “la libertad de pensamiento, de expresión y de educación”.
“Mucha gente me está animando a que siga adelante, a que haga frente a la pretensión que tiene esta consejería. Es lo que pretendeo hacer, pero me faltan recursos para ello”, reza el comunicado, que concluye con la petición de que recen por él y por todos los “damnificados”.
Arcópoli pide una investigación sobre el centro educativo
El colegio Juan Pablo II de Alcorcón es un centro sostenido con fondos públicos que separa a alumnos por sexo en las clases. La organización Arcópoli, dedicada a la defensa del colectivo LGTB, ha solicitado que se abra una investigación sobre los valores y principios de la Fundación Educatio Servanda, de la que depende el colegio Juan Pablo II. Según sostienen desde Arcópoli, “desde la fundación se ha atentado contra la dignidad de las personas LGTB tras su contundente apoyo al director del colegio”.
