Feito ha declarado hoy como investigada ante la titular del Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid, Carmen Rodríguez Medel, en una jornada en la que también han comparecido cuatro profesores y el exdirector del Instituto de Derecho Público, Enrique Álvarez Conde.
En su comparecencia, ha revelado que el 20 de marzo, la víspera de que saltara la noticia, Amalia Calonge, funcionaria de la Rey Juan Carlos que alteró sus notas y amiga de Feito, le telefoneó para advertirla de que dos periodistas de eldiario.es la estaban llamando para pedirla explicaciones por unas notas alteradas de Cifuentes.
Inmediatamente llamó a la entonces jefa de gabinete de Cifuentes, Marisa González, quien no pudo atenderla, aunque le devolvió la llamada poco después «muy nerviosa» tras conversar con los periodistas, añaden las fuentes. Feito entonces llamó al rector Javier Ramos para decirle que iba a ir el 21, pero este no contestó.
Pese a conocer de antemano la polémica y publicarse esa mañana la noticia sobre las irregularidades del máster, Feito acudió a la Universidad pero no por este tema sino para conversar con dos profesores por una ponencia de inglés, hasta que se vio envuelta «por casualidad» en este asunto.
Sucedió cuando, al llegar al rectorado para este encuentro, se topó con el rector y uno de los profesores con quien se había citado, que le comentó que se iban a meter en una reunión por el asunto de Cifuentes, a la que ella entró hasta en tres ocasiones. A partir de aquí, Feito ha afirmado que empezó a interesarse por el asunto llamando a Conde, quien a su vez le insiste en hablar con Cecilia Rosado, secretaria del tribunal del TFM de Cifuentes.
La exasesora le preguntó si tenía el TFM y conversaron varias veces ese día hasta que recibió un email del profesor Pablo Chico con copia al rector en el que decía que todo estaba en orden con Cifuentes. En base a este relato, ha querido dejar claro que nunca amenazó ni presionó a nadie -como si sostiene Rosado- y que se vio envuelta «por casualidad» en este asunto al ser la única profesora de la Rey Juan Carlos en el Gobierno.
Quien no ha declarado hoy ha sido ha sido Enrique Álvarez Conde, que únicamente se ha limitado a leer un escrito ante la Sala en el que ha argumentado los motivos por los que ha rechazado declarar. En concreto, se ha remitido al recurso de apelación que debe resolver la Audiencia Provincial de Madrid sobre su petición para que la investigación se limite únicamente al supuesto de Cifuentes.
Y también a la petición efectuada por la defensa de la expresidenta a la jueza para elevar la causa al Supremo después de que el juzgado pidiera al Congreso de los Diputados la identificación como diputado de Pablo Casado (PP) para confirmar su aforamiento y remitir la causa al alto tribunal.
Previamente, han declarado como investigados Rodrigo Martín y Susana Galera, dos profesores de la promoción del máster de Cifuentes, que supuestamente convalidaron asignaturas a diez alumnos que no fueron a clase ni entregaron jamás trabajo alguno. Fuentes jurídicas han explicado a Efe que sendos profesores han negado haber calificado ni examinado a la expresidenta regional y que en aquella promoción evaluaron a entre 10 y 12 alumnos, de ahí su sorpresa cuando comprobaron que las actas finales de sus dos asignaturas recogían calificaciones a más alumnos de los evaluados.
Hoy también han declarado Alicia López de los Mozos, supuesta presidenta del tribunal del TFM de Cifuentes y Cecilia Rosado.
López de los Mozos ha explicado en Sala que Rosado le presionó para que reconociera su firma en el acta; en caso contrario, ella diría que contaba con su autorización para poder hacerlo, mientras que Rosado, que defiende el consentimiento de sendas profesoras para firmar por ellas, ha rechazado declarar.
Todo ello se produce la víspera de la esperada declaración de Cristina Cifuentes, una vez que la magistrada ha acordado mantener su citación tras desestimar la petición de la expresidenta para que la causa se eleve al Tribunal Supremo. La jueza alega en un auto que no concurre las premisas expuestas por Cifuentes para trasladar la causa al no existir ninguna aforado investigado -Casado no está imputado- y no haber elevado exposición razonada al alto tribunal, dado que antes hay diligencias pendientes que practicar antes de decidir sobre esta cuestión.
