Bravo, que fue presidente del Consejo de Administración de Metro entre 2006 y 2012 y consejero delegado de la empresa entre 2012 y 2016, ha comparecido hoy en la comisión de investigación sobre la presencia de amianto en el suburbano madrileño. Durante su etapa como consejero delegado, ha precisado, mantuvo reuniones con personal del Servicio de Prevención y Salud Laboral de la empresa y otras unidades de la compañía, sin que se pusiera de manifiesto «ninguna problemática en relación con el amianto».
No obstante, ha reconocido que los servicios técnicos de la empresa comprobaron que había amianto en las Cocheras de la Avenida de Asturias y en las obras de la línea 1 del suburbano. Ha indicado que no conocía el informe del año 2003 que se envió al Ministerio de Sanidad con una relación detallada de los lugares donde había amianto en Metro.
«Entiendo y presumo que se aplicaba correctamente la normativa en vigor» y que los empleados de Metro eran conscientes de la peligrosidad del material con el que estaban trabajando, ha afirmado. Ha detallado que en el Consejo de Administración de Metro de Madrid en el que se decidió la venta de trenes de la serie 5000 a Argentina «en modo alguno se trasladó o informó que ese material móvil tenía elementos con amianto».
Durante su asistencia a los consejos de administración como presidente y cuando se incorporó como consejero delegado, ha recalcado, «en ningún momento, más allá de dos actuaciones puntuales, la demolición de las cocheras de la Avenida de Asturias y cuando se iban a acometer las obras de la línea 1, surge o aparece en las reuniones la palabra amianto».
Bravo ha admitido que sabía de la presencia de este mineral en Metro de Madrid «como sabemos todos los ciudadanos que hay en muchas instalaciones que tienen amianto». «Lo que a mí nadie me traslada es que exista un problema que tenga que ser estudiado o acometido con una especial atención», ha recalcado.
En los dos cargos que ocupó, ha agregado, presumió que se habían aplicado debidamente los protocolos y que se habían tomado decisiones con mucha antelación a su incorporación a la compañía. También ha comparecido en la comisión de investigación el gerente de Explotación Ferroviaria de Metro de Madrid desde 2012, Carlos Cuadrado, quien ha expuesto que se han retirado «unos 43» trenes por presencia de amianto desde 2017 y que desconoce si alguno ha vuelto a operar tras el proceso de desamiantado.
Cuadrado ha dicho que conoció la existencia de amianto en unidades móviles del suburbano en el primer trimestre de 2017, no antes, y que el asunto del amianto «no era un tema del que se hablara» entre los directivos. El responsable máximo del parque móvil de Metro ha reiterado que la empresa en ningún momento ha incumplido la ley y que ha habido información para todos los trabajadores «una vez que se ha identificado positivamente la presencia de amianto».
Cuadrado ha reconocido que sabía de la existencia de un informe de 2003 sobre la posibilidad de que hubiera amianto en el Metro. Sin embargo, Cuadrado ha repetido que «nunca» ninguno de sus superiores -Ignacio González Velayos, Juan Bravo o Borja Carabante- ni ninguno de sus «inferiores» le habló de la presencia de amianto en Metro «como un problema que hubiera que gestionar».
El directivo de Metro ha explicado también que en un primer momento «la búsqueda de amianto en Metro se circunscribe a la sospecha» de su existencia y que tras una comprobación visual el trabajo era realizado por empresas especializadas, no por personal de Metro. Cuadrado ha afirmado que a la identificación «positiva» de amianto en instalaciones siempre ha seguido su señalización o anotación en un «registro único» y el conocimiento de todos los trabajadores mediante los delegados de prevención.
