Los detractores de la iniciativa educativa denuncian que desde el Ejecutivo central no han tenido en cuenta las demandas del sector de la Educación Especial, ni a los profesionales ni a las propias familias afectadas. En este sentido, el colectivo ha organizado una campaña al que se han adherido ya “más de 100 asociaciones cuenta con más de 244.000 firmas”. Según la nueva ley de la ministra Celaá, se fija en un plazo de diez años la integración de los alumnos con necesidades especiales en centro ordinarios “con los recursos necesarios para poder atender en las mejores condiciones al alumnado con discapacidad”.
“La manifestación está convocada para que no se cierren los colegios, pero también contra el posicionamiento del CERMI, que en lugar de representarnos, defiende acabar con la Educación Especial sin escucharnos”, afirma el presidente de la plataforma convocante, José María Escudero, en declaraciones a Europa Press. Éste alerta de que los equipos de orientación dejen de trasladar a los estudiantes de centro educativo, tal y como se hace en la actualidad. “Así acabarán vacíos estos centros especiales”, advierte el presidente de esta plataforma que denuncia también que, “sin opciones, los padres no tendrán ninguna capacidad de decidir sobre el tipo de educación que consideran más adecuada para sus hijos”.
