La FAPA ha anunciado que presentará una denuncia administrativa ante la Consejería de Educación para reclamar una inspección a estos centros de la «nueva concertada», impulsada en la etapa de Esperanza Aguirre, de los que «un 92% plantean los pagos con carácter obligatorio, pese a que legalmente son voluntarios».
Un 28% de los alumnos cuyas familias no pueden pagar «sufren exclusión» de las actividades del centro, según el informe encargado por la FAPA, que halló «casos claros de discriminación» por el impago de las cuotas, y diferentes «niveles de presión» a las familias para que paguen.
De ahí que la FAPA se reunirá esta tarde con el Ministerio de Educación para exponer la vulneración de derechos por parte de estos colegios, a los que la Consejería había abierto una investigación y después la archivó, según el presidente de la FAPA, Camilo Jené.
