De esta forma la FAPA da un nuevo paso en su denuncia sobre el cobro de cuotas obligatorias y no voluntarias de entre 89 y 201 euros en un 92 % de centros de la «nueva concertada», los centros educativos construidos en los últimos quince años con cesión de suelo público.
Según explica a Efe el presidente de la FAPA, Camiló Jené, el Gobierno autonómico tiene ahora un plazo de tres meses para dar respuesta a este escrito enviado por la Federación con copia a la Consejería de Educación, en función de la respuesta que obtengan y transcurrido ese período la Giner de los Ríos se planteará iniciar un proceso judicial.
En un comunicado, la FAPA carga contra PP y Ciudadanos por la «defensa a ultranza de los centros privados-concertados» que a juicio de esta federación hacen ambos partidos y critica a la Comunidad de Madrid por no hacer «los controles y auditoría necesarias» para evitar la «mala praxis» de cobrar cuotas en la ensañanza obligatoria.
La Giner de los Ríos subraya además que los centros concertados reciben «dinero de los fondos públicos» al tiempo que mantienen «negocios lucrativos» y «están dejando a mucho alumnado» creando así «centros guetos» a su alrededor. Tras la denuncia de la FAPA, el consejero de Educación Rafael van Grieken, admitió la pasada semana que el servicio de Inspección educativa abrió expedientes a algunos colegios concertados el curso pasado en relación a la cuotas que cobran a las familias, pero añadió que los casos se han solventado.
