(EFE). El superintendente de Sociedades de Colombia, Francisco Reyes, ha explicado que Inassa ha sido sancionada «por haber ofrecido o efectuado pagos a funcionarios públicos ecuatorianos en el año 2016». Además, Inassa «deberá publicar en un medio de amplia circulación y en un lugar visible de su página web, un extracto de la decisión anunciada por la Superintendencia de Sociedades».
La compañía puede interponer contra la sanción un recurso de reposición «dentro de los 10 días hábiles siguientes a la notificación del mencionado acto administrativo».
El caso Lezo investiga entre otros asuntos la compra en 2001 por parte del Canal de Isabel II de la empresa Inassa, que tiene su sede en la ciudad colombiana de Barranquilla. La acordó el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid presidido entonces por Alberto Ruiz Gallardón por un total de 73 millones de dólares (aproximadamente 83 millones de euros) con un endeudamiento de 51,1 millones de dólares, pero según los investigadores el valor de la empresa era mucho menor.
A raíz del caso Lezo, la Fiscalía, la Procuraduría (Ministerio Público) y la Contraloría (tribunal de cuentas) de Colombia abrieron el año pasado investigaciones a Inassa en el país.
