Así lo ha solicitado la fiscal en la vista celebrada en la Audiencia Provincial de Madrid en la que la acusación ejercida por el PSOE ha reclamado penas de entre dos y cuatro años de cárcel para el exdirector de Seguridad de la Comunidad de Madrid Sergio Gamón, el exsubdirector Miguel Castaño, tres guardias civiles y un técnico de la Administración regional por malversación de fondos públicos.
El abogado de la Comunidad de Madrid ha pedido multas de hasta 18.000 euros para los acusados por el mismo delito al estimar acreditados los seguimientos, que ha calificado de «desvergüenza total», y ha pedido al jurado un «veredicto duro». Para la fiscal sin embargo «no hay ninguna prueba» ni de que los acusados cometieran tal malversación ni dicho espionaje entre marzo y mayo de 2008 a políticos del PP como el exvicepresidente de la Comunidad de Madrid Alfredo Prada y el exvicealcalde madrileño Manuel Cobo.
A juicio de la fiscal la investigación partió de informaciones periodísticas de El País no contrastadas por la Policía sobre unos partes de seguimientos cuya procedencia se desconoce y que no hay que descartar que pudieran ser llevados a dicho medio de comunicación con un «móvil espúreo». Para la fiscal no tiene sentido que dichas personas, Prada y Cobo, fueran espiadas porque, como testificó la entonces presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, «eran públicas y notorias sus afinidades políticas».
Ha añadido que los supuestos espiados tenían en esa época escoltas y contravigilancia policial ante la amenaza terrorista por lo que no ve lógico que no sospecharan del espionaje del que supuestamente estaban siendo objeto. La fiscal ha recordado además que el instructor de las pesquisas en la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional, Jaime Barrado, denunció en su declaración como testigo en el juicio «manipulación en la investigación».
Jaime Barrado denunció «cortapisas» que sufrió para investigar «más arriba» por el espionaje en 2008 a políticos del PP , así como «irregularidades» de los entonces responsable de la UDEF, José Luis Olivera, y fiscal jefe de Madrid, Manuel Moix. La fiscal ha aclarado no obstante que su criterio desde el principio fue el mismo que el de Manuel Moix, es decir, que no había pruebas ni indicios para sentar a nadie en el banquillo por esta supuesta malversación.
Por su parte Enrique Molina, abogado de Gamón y Castaño, ha pedido la absolución de ambos por la nulidad de la prueba obtenida en este procedimiento y al igual que el resto de defensas ha calificado de «temerarias» las acusaciones del PSOE y de la Comunidad de Madrid por lo que ha pedido para ambas la correspondiente sanción.
Los abogados de los demás acusados han solicitado a la presidenta del tribunal que disuelva el jurado y que dicte una sentencia absolutoria por la nulidad de la pruebas, a raíz de las revelaciones de Jaime Barrado, además de que deduzca testimonio para que un Juzgado investigue lo manifestado por este excomisario y se depuren responsabilidades.
Uno de los letrados defensores, Ramón González Bosch, ha estimado que «este procedimiento solo beneficia al PSOE y al PP», que a su juicio no han hecho nada para esclarecer la verdad, y ha apostillado: «En las guerras no mueren los generales sino los soldados y los generales aquí no están ni se les espera» en referencia a los altos cargos políticos.
Javier Vasallo, letrado de uno de los guardias civiles, ha alegado la nulidad de todo lo actuado pues de la declaración del excomisario Barrado se desprende que «los informes policiales fueron modulados y guiados por Manuel Moix y José Luis Olivera» y ha anunciado que tras el juicio presentará la correspondiente denuncia.
Vasallo ha señalado que el PSOE acusa porque le interesaba que este caso fuera un «escándalo político» y que la Comunidad de Madrid se personó en 2017 cuando era presidenta Cristina Cifuentes, «que ha acabado como ha acabado y cuya relación con Esperanza Aguirre era como era». La presidenta del tribunal, Paz Redondo, ha adelantado que no disolverá el jurado pero que en el objeto del veredicto le indicará a sus miembros qué pruebas pueden tener en cuenta y cuáles no.
