Además de la pena de prisión, el fiscal reclama a Ruiz-Mateos la devolución del dinero defraudado al erario público y le exige el pago de sendas multas cuya suma asciende a los 3.500.000 euros, por la comisión de sendos delitos contra la Hacienda Pública. Según el escrito de acusación del Ministerio Público, en 2006 la sociedad Nueva Rumasa recibió más de dos millones de euros a través de una de las sociedades del grupo empresarial del acusado, Hispacom, al realizar una operación de compraventa de participaciones sociales.
El fiscal advierte que Hispacom era una sociedad sin actividad creada con el fin de obtener un «beneficio fiscal ilícito», y añade que por esa razón se imputó el ingreso de la citada cantidad de dinero «a pesar de que el beneficiario real era Nueva Rumasa». Así, explica, lo que hizo Hispacom fue presentar en plazo su declaración del impuesto de sociedades correspondiente a 2006 aunque la base imponible del impuesto era de cero euros «dado que la sociedad compensó bases imponibles negativas de ejercicios anteriores».
No obstante, el beneficio real de la operación correspondía a Nueva Rumasa que en aquella ocasión estuvo representada por el acusado, que, según el Ministerio Público, participó con «pleno conocimiento» de que Hispacom carecía de actividad y el objeto de la imputación en esa sociedad era «la obtención de un beneficio fiscal ilícito».
