En el informe, trasladado al Juzgado de Instrucción número 48 de la capital, se responsabiliza directamente a los anteriores gerentes del organismo autonómico, Ana Gomendio y Juan Van Halen, de la enajenación de dichos inmuebles en 2013, y los acusa de un delito de prevaricación y otro de malversación de caudales públicos. Ambas personas permanecen imputados en el citado caso.
«Se trata de un procedimiento de contratación trufado de irregularidades», asegura rotundamente el fiscal al comienzo del documento, al que ha tenido acceso la Cadena SER. El representante del Ministerio Público explica que los indicios de la venta de las viviendas por debajo de su precio real son «diversos», aunque apostilla también que «si bien analizados individualmente podría llegar a cuestionarse el carácter delictivo, en su conjunto ofrecen la imagen fiel y exacta de una conducta malversadora o defraudatoria».
Asimismo, es escrito sistiene que existió «un vacío de explicaciones evidente» en cuanto a la venta del parque de viviendas. Si bien la Comunidad defendió la actuación por la «necesidad de liquidez», el fiscal cuestiona si ésta «pudiera haber sido cubierta si se hubiera optado por la enajenación no en su conjunto sino de forma individualizada». De hecho, señala que el IVIMA vendió individualmente 513 viviendas y unos 200 garajes, locales y trasteros entre 2012 y 2013.
«No existe rastro documental de que se hubieran realizado estudios sobre cuál de las formas de enajenación hubiera sido más ventajosa para el sector público, es decir, con qué fórmula se hubiera obtenido una mayor liquidez, que era supuestamente el fin único de la operación», recoge el fiscal, quien a su vez asegura que Gomendio «ya se estaba reuniendo con los representantes de los fondos de inversión» cuando pidió la autorización para la venta al Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid.
