Así consta en el escrito de dicho órgano en el que se motiva la decisión con objeto de «depurar las posibles responsabilidades administrativas que haya podido tener la dirección del centro como la Agencia Madrileña de Atención Social (AMAS)”.
Así, la Fiscalía analizará la competencia de la Consejería de Políticas Sociales en el “fatídico accidentes”, tal y como lo denominó el delegado de dicho área, Carlos izquierdo (PP), en la Asamblea de Madrid cuando el resto de grupos políticos solicitaron la intervención de éste para que diese explicaciones sobre la muerte de la anciana. Entonces, el consejero defendió la actuación de la residencia, calificándola de «acertada, correcta y ejemplar». Sin embargo, según un informe remitido al Ministerio Público, al que ha tenido acceso Cadena Ser, las sujeciones de Cecilia -la mujer fallecida- «no habían sido ni pautadas por el médico, ni consentidas por la familia».
Por dicho motivo, el fiscal que lleva el caso interpreta que se han producido “deficiencias en la atención de los usuarios del centro”, lo que ha llevado a trasladar las actuaciones de supervisión e inspección de AMAS ante el Juzgado de Instrucción número 53 de la capital. En el caso de que la Justicia dictamine que se han producido dichas deficiencias y señale a los responsables, ello podría suponer una sanción, una multa o hasta la inhabilitación para el cargo.
