El Ministerio Público interpreta que la exdirigente popular actuó “a sabiendas” de que acreditaba una defensa del Trabajo de Fin de Máster (TFM) “que jamás se produjo”, exhibiendo los documentos a los medios de comunicación «para evitar las nefastas consecuencias políticas a las que debería enfrentarse».
Igualmente, el fiscal atribuye a la profesora de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC), Cecilia Rosado, la autoría de la falsificación del acta, solicitando para ésta 21 meses de prisión, una pena inferior a la que se le exige a Cifuentes al entender que la docente reconoció los hechos y colaboró en la investigación.
El director del ya extinto Instituto de Derecho Público (IDP), Enrique Álvarez Conde, se enfrenta también a tres años y nueve meses de cárcel al ser señalado como coautor indirecto del delito; una pensa similar pide la Fiscalía a la exasesora de la Consejería de Educación, María Teresa Feito -tres años y tres meses de prisión-.
