El Ministerio de Hacienda habilita que las comunidades autónomas puedan imputar 3.200 millones de euros de los Fondos FEDER a gasto sanitario
Los gobiernos autonómicos podrán destinar parte de los denominados Fondos FEDER de 2014-2020 a gasto sanitario para afrontar la crisis del coronavirus. Dicho capital aún no ha sido asignado, ni tampoco ejecutado, y su cuantía puede ascender a los 3.200 millones de euros. De esta manera, desde el Ministerio de Hacienda contactarán con los ejecutivos regionales para solicitarles que remitan sus propuestas. Así se lo ha trasladado la ministra del ramo, María Jesús Montero.
Según el Gobierno central, la reprogramación de los Fondos FEDER podrán destinarse a costear proyectos sanitarios ligados únicamente a la lucha contra la pandemia. Así, se incluyen gastos en equipamiento sanitario, material de pruebas o equipos de protección personal; así como instalaciones de refuerzo, personal adicional contratado, actuaciones de I+D+i o aplicaciones telemáticas para monitorización, seguimiento y análisis de datos.
La ministra de Hacienda también ha trasladado a los consejeros autonómicos que estos Fondos FEDER se financiarán al 100% por las autoridades comunitarias; es decir, que las comunidades no deberán realizar ninguna aportación complementaria. Además de los 3.200 millones, las administraciones autonómicas también tienen la posibilidad de modificar el destino de las operaciones que, estando asignadas, no se ha hayan ejecutado.
Más recursos
Esta medida se une a una batería de iniciativas adoptadas por el Gobierno en las últimas semanas para garantizar a las comunidades autónomas la liquidez necesaria para abordar la crisis sanitaria, social y económica generada por la pandemia. En este sentido, el presidente del Gobierno anunció el pasado domingo la creación de un Fondo No Reembolsable de 16.000 millones.
Este último se compone de 10.000 millones para gasto sanitario; 5.000 millones para compensar la caída de los ingresos autonómicos por la menor actividad; y 1.000 millones para gasto social. El mismo no tendrá costes para las comunidades, ya que no es un préstamo; por tanto, no tendrán que devolverlo ni computará como deuda para las comunidades.
