En un comunicado de prensa remitido a EFE, la Fundación Franco explica los argumentos del recurso que ha presentado la familia en el Tribunal Supremo contra los acuerdos del Consejo de Ministros por los que el Gobierno aprobó la exhumación de los restos del dictador del Valle de los Caídos el 10 de junio para su posterior entierro en el cementerio de Mingorrubio-El Pardo. Los hermanos Martínez-Bordiú Franco -según la nota- se reafirman en los argumentos que han venido defendiendo para rechazar que la decisión se tome mediante un real decreto ley, entre ellos que «no estamos ante un caso de extraordinaria y urgente necesidad», el derecho a la libertad religiosa, a la intimidad o a la igualdad ante la ley.
Además, en el caso de que todas sus alegaciones fuera desestimadas y el Tribunal Supremo confirmase la exhumación, la familia Franco insiste en que no se ajustaría a Derecho que el Gobierno prohibiera la inhumación de los restos en el lugar por ellos designado: la Cripta de la Almudena. Y así, según el comunicado de la Fundación Franco, en el recurso incluyen un informe pericial elaborado por tres profesionales expertos en seguridad que analizan «con detalle los riesgos para la seguridad de las personas en los distintos emplazamientos de la sepultura: Valle de los Caídos; Cripta de la Almudena y Mingorrubio-El Pardo».
Dicho informe concluye que los riesgos existentes en el entorno de la Catedral de la Almudena no se incrementarían en el caso de que se trasladasen allí los restos de Franco. Pero además, insiste, en que, «en contra de lo sostenido por la Delegación del Gobierno, este emplazamiento es el más seguro e idóneo y con un nivel de riesgos sensiblemente inferior al lugar designado por el Gobierno», tanto por razones de «seguridad pública como de seguridad de los propios restos mortales».
