(EFE). El Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) aprobó los nuevos objetivos de estabilidad para el próximo año con el voto a favor de las autonomías gobernadas por el PSOE, excepto la Comunidad Valenciana, que se abstuvo, y la oposición de las del PP y Canarias.
Preguntado sobre este asunto tras la firma de un acuerdo con los sindicatos para mejorar las condiciones laborales de los empleados públicos de la Comunidad, Garrido ha comentado que salieron de la reunión «igual» que como estaban a la entrada. «Se ha vuelto a reiterar que no va a haber un nuevo modelo de financiación autonómica, lo que en sí mismo es una muy mala noticia», ha señalado.
Además, ha expresado la «decepción» del Gobierno regional, ya que cree que no contar con un nuevo modelo «es malo para todas las comunidades y en especial para Madrid» que, según ha denunciado, pierde con el modelo actual 1.400 millones de euros al año.
«Esto se lo debemos a las políticas del PSOE», ha lamentado.
Por otro lado, ha dicho que la decisión del Ministerio de Hacienda de crear una comisión política que recogerá los trabajos ya realizados por las comisiones técnicas sobre la reforma de la financiación autonómica es «seguramente» una manera de «dar largas». «Lo que se pretende es volver atrás, buscar una fórmula de crear otro comité para que todo se demore y al final no se obtenga nada», ha añadido.
Garrido ha insistido en que una flexibilización del objetivo de déficit como la fijada ayer tiene que ir acompañada de una flexibilización de la regla de gasto. Sobre la ausencia de representantes de Cataluña en la reunión, ha reiterado que «no están presentes porque no quieren», lo que a su juicio «reafirma que todos los gestos del Gobierno (nacional) con el presidente de la Generalitat son estériles y negativos».
«No dan un solo paso en la dirección de integrarse como una parte mas del Estado, al contrario (…) Siguen en su línea de separación e independencia», ha manifestado. Asimismo, cree que puede haber un riesgo de que el Gobierno nacional y el catalán pacten por su cuenta aspectos de la financiación autonómica, algo que ha rechazado porque defiende que las conversaciones sobre este tema tienen que darse «entre todos» y de forma «transparente».
