El Gobierno se dirigirá a los superiores del prior del Valle de los Caídos, que se ha negado a facilitar el acceso a la abadía para la exhumación de los restos de Franco, porque son los que tienen «autoridad» para tramitar este proceso, ha explicado la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Lo ha hecho en declaraciones en el ministerio después de que el prior de la abadía, Santiago Cantera, rechazara facilitar el acceso al Ejecutivo para la exhumación hasta que no se agote la vía judicial, ya que no hay acuerdo con la familia de Franco.
Montero ha señalado que no le sorprende la actitud del prior teniendo en cuenta que antes de ingresar en la Orden de los Benedictinos, fue candidato por Falange a las legislativas de 1993 y a las europeas de 1994. La ministra ha insistido en que lo importante es que el Gobierno está decidido a seguir con el desenterramiento de los restos de Franco y lo hará «con todas las garantías» y respetando los derechos de la familia Franco.
«Estamos siendo absolutamente escrupulosos con la legalidad», ha recalcado la ministra, que ha hecho hincapié también en que en el siglo XXI no puede haber un mausoleo «en honor de un dictador» y que sus restos reposen junto a los del resto de las víctimas de la Guerra Civil.
La Fundación Franco pide suspender el plazo de alegaciones
La Fundación Nacional Francisco Franco (FNFF) ha pedido al Ministerio de Justicia la suspensión del plazo de alegaciones del expediente de exhumación de los restos del dictador del Valle de los Caídos hasta que se resuelvan los recursos presentados para frenar el procedimiento. El presidente de la FNFF, Juan Chicharro, ha dirigido un escrito a la instructora del expediente, la subsecretaria de Justicia Cristina Latorre, en el que se queja de «la falta absoluta de notificación de trámites y actuaciones» y de la «premura» en la tramitación del caso.
El escrito de la fundación es reacción a la decisión del Gobierno de seguir adelante con la exhumación de los restos del dictador a pesar de la negativa del prior de la comunidad benedictina del Valle de los Caídos, Santiago Cantera, a facilitarla hasta que no se agote la vía judicial.
En un comunicado, la FNFF argumenta que se está ocasionando «una clara indefensión» ante el empeño del Gobierno en llevar a cabo «una exhumación en contra de la ley, de los derechos fundamentales y de la inviolabilidad de los lugares sagrados, adoptándose resoluciones y acuerdos no previstos legalmente y sin audiencia, ni trasladado a los interesados». Por ello, solicita la suspensión del plazo de alegaciones finales hasta que no se resuelva el recurso presentado ante el Tribunal Supremo para impedir el traslado de los restos y la recusación contra Latorre como instructora del caso, formulada el 29 de diciembre, por «su manifiesto interés partidista en llevar a cabo la exhumación».
