Así lo han asegurado a EFE fuentes gubernamentales después de que eldiario.es adelantara la pretensión del Ejecutivo socialista de acordar ya el traslado del cuerpo del dictador, una vez concluido el procedimiento legal para la maniobra, que se ha dilatado durante seis meses, más tiempo del inicialmente previsto. Un retraso que las fuentes atribuyen al «comportamiento obstruccionista» de los familiares del dictador, la Fundación Francisco Franco, la Asociación para la Defensa del Valle de los Caídos y también la Abadía Benedictina de la Santa Cruz del Valle.
Porque además de presentar recursos a todos los trámites y de recusar reiteradamente a la instructora del procedimiento, hasta en doce ocasiones, se han querellado contra ella y los funcionarios responsables de la operación, si bien la querella ha sido rechazada junto con las denuncias ante los juzgados de primera instancia. No va a atender el Gobierno la pretensión de los familiares de llevar el cadáver de Franco a la cripta de la catedral de la Almudena y alega para ello la «imposibilidad legal» esgrimida por la Delegación del Gobierno en Madrid en las conclusiones de un informe redactado ex profeso sobre la cuestión.
Las fuentes recuerdan que según este informe la reinhumación en la Almudena «supondría evidentes riesgos para el orden público, la seguridad ciudadana y la movilidad tanto en la propia catedral como en el entorno de la misma, implicando una amenaza seria y significativa para los derechos y libertades de los ciudadanos». «Una amenaza que el Gobierno no puede asumir al igual que la exaltación que supone mantener nuevamente la tumba de Francisco Franco en un lugar accesible y abierto al público», concluye.
Es por ello, y para «mantener las máximas garantías en el procedimiento para los familiares» por lo que el Ejecutivo se plantea concederles un nuevo plazo de 15 días para que indiquen «un nuevo lugar de reinhumación que cumpla con los requisitos que permitan garantizar el orden público y la seguridad para el necesario respeto a los derechos y libertades». En caso contrario, o si el lugar escogido por la familia no fuera compatible con estos criterios, el Ejecutivo tomará una decisión y determinará dónde Franco es enterrado de nuevo, eso sí, «con el máximo respeto a la dignidad de la familia y el decoro y respeto propios de una actuación como la prevista».
Subrayan las fuentes gubernamentales que se actuará «con todos los avales jurídicos necesarios que garantizar su legalidad» y que los familiares podrán estar presentes cuando se aborde la «ejecución material» del acuerdo que se adoptará el viernes. Este acuerdo asumirá los argumentos jurídicos de la Abogacía del Estado para el traslado, según los cuales la inhumación del dictador no depende de la autorización de su familia ni de la Iglesia, sino de un «mandato legal».
Y ello porque no existe un derecho de la familia reconocido sobre el mantenimiento o inhumación de restos mortales y porque la entrada a la basílica «no puede ser negada cuando se refiere al cumplimiento de una resolución legal» y el Consejo de Ministros puede obligar a esa autorización eclesiástica. En suma, las fuentes hacen hincapié en que todo el procedimiento administrativo seguido para sacar a Franco del Valle de los Caídos se ha instruido «con escrupuloso respeto y seguimiento de las normas aplicables» y con las «máximas garantías» para su familiares.
Y todo ello como consecuencia de un decreto ley del Gobierno que fue convalidado por el Congreso con solo dos votos en contra, de manera que la operación resulta de decisiones parlamentarias aprobadas por mayoría absoluta que además siguen las recomendaciones «que el contexto internacional exige a un país democráticamente avanzado».
